Por Glorimar Velázquez | El Vocero

A sus 26 años, y tras 12 de luchas por sus derechos como mujer trans, Daniela Arroyo, está decidida a formar parte de los esfuerzos que se lleven a cabo para impugnar la orden ejecutiva que firmó el presidente Donald Trump, llamada Defendiendo a las Mujeres de la Ideología de Género Extremista y Restaurando la Verdad Biológica en el Gobierno Federal.

Esta orden ejecutiva, entre otros aspectos, establece que los secretarios de Estado y Seguridad Nacional, y el director de la Oficina de Gestión de Personal, implementarán cambios para exigir que los documentos de identificación emitidos por el gobierno, incluidos pasaportes, visas y tarjetas Global Entry, reflejen con precisión el sexo del titular, como mujer o hombre.

La orden exige que cada formulario de agencia de gobierno elimine toda declaración o texto relacionado a la ideología de género.

Para Arroyo, la orden significa perder años de luchas y de los derechos que sostiene le asisten.

En 2017 y con 17 años, Daniela se unió a la demanda que buscaba que personas transgénero pudieran corregir la designación de género en sus certificados de nacimiento. Entonces, existía una orden ejecutiva del exgobernador Alejandro García Padilla de 2015 que solo permitía el cambio de género en las licencias de conducir. Por lo que había una incongruencia con los demás documentos de identificación.

“Esto era conflictivo, no solo porque no nos reconocía por quien realmente somos, sino porque nos expone a violencia al ponernos en cuestionamiento ante otras personas. Con la demanda -en 2019- se hizo posible que se pudiera cambiar el género en el certificado de nacimiento, y en base a eso, en otros documentos oficiales”, sostuvo Arroyo.

Ahora, y según la nueva política de Trump, en menos de 30 días, el asistente del presidente para Asuntos Legislativos presentará el texto del proyecto de ley propuesto para codificar las definiciones de su orden ejecutiva. Asimismo, las agencias federales tienen 120 días para que cada jefe de agencia presente una actualización sobre la implementación de la orden.

“Esa orden va a ser impugnada en los tribunales por organizaciones nacionales estadounidenses LGBTQ+ y personas transgénero que van a pedir que esta orden se deje sin efecto porque es inconstitucional e ilegal. Esto se va a dejar sin efecto porque hay un estado de derecho que reconoce esos cambios en los documentos oficiales de las personas”, afirmó el activista Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico.

Serrano explicó a EL VOCERO que, recientemente participó en la Conferencia Creando Cambio en Las Vegas, “donde más de 3,000 activistas nos congregamos y esa es parte de las conversaciones que estamos teniendo, las impugnaciones en los tribunales que se van a llevar a cabo, no solo de esta política sino de otras que (Trump) va a tratar de implementar”.

Tanto Arroyo como Serrano -y la comunidad que defiende- entienden que deben tomar acción para evitar un retroceso en los derechos de las personas LGBTQ+.

No revoca órdenes locales

Manuel Quilichini, expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas, explicó que esta orden de Trump no revoca las órdenes ejecutivas locales. No obstante, admitió que podría tener efectos en Puerto Rico.

El licenciado indicó que al momento se desconoce cómo las agencias implementarán la orden porque primero se deben redactar los reglamentos que establecerán los cambios.

“El problema es que no sabemos qué va a pasar cuando el gobierno federal reciba en la oficina de pasaportes un certificado de nacimiento que sea por identidad de género y no por nacimiento. Así que tenemos que esperar a ver qué pasa, cómo viabilizan esto a través de los reglamentos. Lo que sí sabemos es que la intención del gobierno federal es eliminar cualquier referencia al género que no sea el biológico”, aclaró Quilichini.

Sobre los efectos que podría tener en la Isla, el abogado, a modo de ejemplo, mencionó que agencias que reciben fondos federales, como la Universidad de Puerto Rico, podrían recibir la instrucción de que “no pueden tener baños no binarios”. En ese caso la UPR tendría que cambiar sus baños. “Todo es en el aspecto federal. Pero pueden decir ‘me cambias los baños o no te doy dinero’. Como nosotros dependemos tanto de fondos federales, puede que le pongan la coletilla de tener que cumplir con esto”, añadió.

Lo mismo podría ocurrir con los baños y los servicios de las oficinas federales en Puerto Rico.

“Cuando vas a recibir un servicio, digamos que eres veterano, no te puedes identificar con tu identidad de género, tienes que identificarte con tu género de nacimiento. Si yo soy médico en el hospital de veterano, yo voy a tener una orden del jefe, que es el presidente, que dice esto tiene que ser así, y no puedo ir en contra de eso porque me puede costar el empleo. En las oficinas federales en Puerto Rico esto tiene fuerza y vigor”, expuso el expresidente del colegio de abogados.

Defiende orden

Al igual que Quilichini, la posible pérdida de fondos federales fue lo que utilizó Alfredo Ocasio, director de campaña de Trump en Puerto Rico, para defender la orden en caso de que los estados no cumplan con la misma.

“Aquellos que las quieran impugnar para eso están los tribunales. Los estados que no quieren implementar esta orden se exponen a la posibilidad de no recibir fondos federales porque esta es la política pública establecida y los estados están obligados a cumplir con ella”, señaló Ocasio.

«Es un retroceso»

Quilichini, como experto en derecho, señaló que esta orden es un retroceso significativo.

“Creo que echar para atrás es peligroso porque esto da base a una serie de discrimen por orientación sexual que se va a seguir extendiendo a otras áreas de la sociedad. Creo que es peligroso el empezar a quitar derechos, cuando se empieza por un área, terminas por todas las áreas”, sostuvo el licenciado.

De manera similar se expresó Arroyo, quien enfatizó que la lucha por sus derechos no ha sido fácil.

“Me preocupa mucho el hecho de que van muchas décadas de que nuestras comunidades llevan luchando por tener las libertades que tenemos hoy día, que nos corresponden desde siempre y que nos ha costado mucha sangre, y que en 2025 veamos que todo eso está en peligro me preocupa. No ha sido fácil. En comparación con toda la población somos una minoría, y preocupa la influencia que esto pueda tener y que normalice el discrimen”, expresó Arroyo.

Asamblea

La Federación LGBTQ celebrará hoy su primera asamblea en la Casa Ruth en Río Piedras para establecer su plan de acción ante lo que entienden son ataques a los derechos humanos de dicha comunidad, por parte de las nuevas políticas del presidente Trump.

En un comunicado se informó que las personas que viven en la diáspora que quieran participar virtualmente, se pueden registrar en el enlace: bit.ly/asamblealgbtqpr.

“Próximamente, comunicaremos al país los acuerdos alcanzados y los planes de acción de nuestra gente. Que lo sepan los gobiernos conservadores, no daremos ni un paso atrás”, concluyó Serrano.

La Federación está compuesta por más de 70 entidades que representan a la comunidad LGBTQ+ y aliados.