Mes: febrero 2025

Por Cándida Cotto | Claridad

El proyecto del Senado PS-1 2025, el llamado “Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico”, sometido por el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, no es el único que atenta contra las personas de la comunidad LGBTQ+.

El presidente de la Federación LGBTQ+, el activista Pedro Julio Serrano, indicó que hay otros cinco proyectos presentados que atentan contra la comunidad trans, que son “refritos” de la pasada Asamblea Legislativa, cinco de ellos están presentados en la Cámara de Representantes y dos en el Senado.

Las medidas van dirigidas uno; para prohibir que las mujeres trans vayan a instituciones correccionales de mujeres; dos para prohibir el uso de baños públicos a personas trans y no binarias; tres para prohibir que las mujeres trans participen en los deportes de mujeres; cuarto imponer el currículo de valores; y quinto prohibir los tratamientos de afirmación de género. Los proyectos fueron sometidos por la representante Lisie Burgos de Proyecto Dignidad (PD). El monitoreo que lleva a cabo la Federación sobre las medidas presentadas en la Legislatura fue lo que les permitió enterarse de las radicaciones.

Este miércoles 26 de febrero a los representantes de la Federación se les negó participar en una vista pública sobre el proyecto PS-1 2025, por lo que se vieron forzados a presentar una ponencia por escrito.

El activista por los derechos humanos expuso que, ya antes de radicarse estos proyectos la comunidad LGBTQ+, trans está siendo discriminada, la presentación y posible aprobación de estos proyectos profundizan la marginación. Señaló que en la  primera administración del presidente Trump los crímenes de odio aumentaron de manera vertiginosa contra las comunidades.

“Estamos viendo un aumento en los ataques contra nuestra comunidad como el asesinato  de una mujer trans boricua en Estados Unidos  y a un hombre trans que fue torturado por meses antes de ser asesinado. Así que estamos viendo ese incremento y eso en Puerto Rico  estamos viendo también personas que antes no se atrevían expresar su desdén y discriminen contra la comunidad LGBTQ+ lo estamos viendo ahora”.

Denunció que han recibido información de personas que están siendo violentadas  e inclusive se le están negando servicios públicos por personas que se creen con el permiso de discriminar contra las personas LGBTQ+.

Serrano atribuyó que la presentación de estos proyectos, en el caso del presidente del Senado lo cual ha dicho, que está buscando los votos que se le fueron-se refiere a los del Partido Nuevo Progresista-  a Proyecto Dignidad. “Así que esa es la manera que entiende que puede hacer eso es violentando los derechos y arriesgando las vidas de las personas LGBTQ+, y de la mujeres también”, expresó sobre el proyecto para restringir el aborto a menores de edad. Dicho proyecto PS 297 fue aprobado a inicios de este febrero en el Senado.

“Es una estrategia muy articulada, pensada por parte de Rivera Schatz para atraer ese voto ultra derechista y fundamentalista. Es muy lamentable que nosotros seamos un balón político y un chivo expiatorio de una agenda electoral”, manifestó Serrano.

Sobre la posibilidad de que el PS-1 de la “libertad religiosa” se apruebe, el presidente de la Federación LGBTQ+ suspiró antes de contestar: “Quisiera que en el Capitolio tuviéramos personas que realmente hicieran valer la Constitución de Puerto Rico que dice de la dignidad del ser humano es inviolable y que todos los seres humanos debemos ser tratados iguales bajo la ley. En muchas ocasiones se les olvida cuando tienen que defenderla y no lo hacen con la firmeza que le da esa Carta Magna. No tienen que buscar mas allá de esas dos claúsulas de la Constitución. Si uno como legislador tiene presente esas dos cosas estas medidas no pasarían de primera base”.

En tanto coincidió con la necesidad de orientar a las personas sobre su comunidad para lo cual en su asamblea la Federación LGBTQ+ determinó llevar a cabo asambleas regionales, en distritos senatoriales para hablar sobre sus derechos y humanidad y mas allá van a buscar la manera de instaurar capítulos municipales y acudir a espacios públicos para conversar sobre su comunidad. “Alejarnos de las redes sociales y volver al contacto humano. Es fácil discriminar en el abstracto, pero cuando tú tienes de frente a una persona LGBTQ+, las cosas cambian y a eso aspiramos”, expresó.

En caso de que un joven que se encuentre en la situación de que no puede decir abiertamente su orientación sexual o identidad de género, puede acudir a la organización Waves Ahead, de los cuales hay cinco centros en Puerto Rico. Serrano compartió que este es un proyecto para jóvenes de 16 a 24 años da servicios de acompañamiento de salud mental con la anuencia de padres o tutores para poder tener una terapia afirmativa de quienes son.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico entregó, hoy, una ponencia en contra de la medida que da licencia para discriminar bajo el pretexto de la libertad religiosa tras negársele la oportunidad de deponer en las vista senatorial en la que se consideró el Proyecto del Senado 1.

«Por más de un mes, las entidades que conformamos la Federación, exigimos participar en estas vistas públicas sobre el Proyecto del Senado 1, que pretende dar licencia para discriminar bajo la excusa de la libertad religiosa. Hoy se nos negó la participación, pero entregamos nuestra ponencia a la comisión senatorial en oposición a tan peligrosa medida y la compartimos, ahora, con el País», aseveró el doctor Juan F. Caraballo Resto, miembro del Consejo Asesor de la Federación.

«La libertad religiosa no puede convertirse en una herramienta de odio, exclusión, desigualdad o discriminación. Como hombres y mujeres de fe, nos oponemos a esta medida y urgimos a cada líder religioso y a cada una de nuestras comunidades a levantar sus voces en contra de este proyecto tan peligroso. Nuestra fe nos llama al amor y la solidaridad, no al prejuicio ni al discrimen», indicó la reverenda Agustina Luvis Núñez, miembro del Consejo Asesor de la Federación.

El pasado 13 de enero, día de la sesión inaugural de esta Asamblea Legislativa, la Federación hizo una conferencia de prensa en las escalinatas del Capitolio exigiendo vistas públicas. Sin embargo, no se les permitió deponer cuando han solicitado turnos para participar. El pasado 21 de febrero, la Comisión de Innovación, Reformas y Nombramientos, presidida por Thomas Rivera Schatz, concvocó a la vista pública de hoy, pero al sol de hoy, no invitó a ninguna de las organizaziones que hemos solicitado participar.

«Es menester que el Senado analice profundamente los peligros de una medida que vulnera a muchas poblaciones en Puerto Rico, no tan sólo la comunidad LGBTQ+. Para poder aquilatar los alcances de dicho proyecto que pretende abrir una puerta al discrimen. Por eso pedimos que los senadores y senadoras, tanto de minoría como de mayoría, exijan que las partes que se oponen a esta medida sean escuchadas», dijo, por su parte, el doctor Luis Rivera Pagán, miembro del Consejo Asesor de la Federación.

«Hoy nos conformamos como un panel de voces de fe, para oponernos a una medida que, en vez de proteger algo que ya está protegido, abre la puerta para que se use una creencia religiosa como excusa para discriminar. Confiamos en que este Senado actúe en defensa de la dignidad de todo ser humano y en contra del discrimen. Es su deber, pues es parte del juramento que hiciero al acceder al cargo», añadió Sumayah Soler, miembro del Consejo Asesor de la Federación.

El panel religioso que representó a la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico estuvo compuesto por Sumayah Soler del Colectivo Interreligioso de Mujeres de Puerto Rico; el pastor George González Medrano de la Iglesia Comunitaria Metropolitana Cristo Sanador; la teóloga doctora Agustina Luvis Núñez; el doctor Luis Rivera Pagán, profesor de la Universidad de Princeton; y el doctor Juan F. Caraballo Resto, profesor de Antropología de la Universidad de Puerto Rico.

Por último, el reverendo George González Medrano, aseguró que «como cristiano, Jesús nos enseñó que quienes entran primero en su reino, son aquellas personas que la sociedad margina y vulnera. Jamás podemos utilizar nuestras creencias para negarle un servicio a una persona que no profese nuestra fe. Por eso, como líderes de fe, nos oponemos a este proyecto que es lo opuesto al amor, la empatía y la compasión a la que somos llamados las y los cristianos».

La ponencia puede leerse aquí:

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico —compuesta por cientos de personas en su carácter individual y más de 90 entidades comunitarias y aliadas— busca instrumentar la equidad en nuestra patria. 

Para conocer más acerca de la Federación LGBTQ+, nos consiguen en las redes sociales Facebook, Instagram, X (Twitter), Threads y TikTok como @federacionpr así como en nuestro portal www.federacion.pr.

Los peligros de esta medida pueden leerse aquí:

Por Leysa Caro | El Nuevo Día

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado atenderá este miércoles una medida de la autoría del presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz, que, como han denunciado activistas de la comunidad LGBTQ+, permitiría que empleados públicos se nieguen a proveer servicios basándose en sus creencias religiosas.

El Proyecto del Senado 1tiene el propósito de reconocer la libertad religiosa como un derecho fundamental que cobija a todo ciudadano, incluyendo a empleados y funcionarios de las tres ramas de gobierno y a los profesionales regulados y licenciados por el Estado, como abogados, trabajadores sociales y médicos, entre otros.

Asimismo, revive legislación –que ha sido descartada en el pasado– que abordaría regulaciones sobre la vacunación compulsoria y el alcance de sanciones a padres o madres que opten por no inmunizar a sus hijos.

Según el calendario del Senado, en la vista pública, participarán cuatro paneles, dos de los cuales están integrados en su totalidad por representantes de organizaciones de base de fe. Iniciará a las 10:00 a.m., en el Salón Leopoldo Figueroa.

El primer turno es para el Departamento de Salud y el Departamento de Educación, seguidos por un segundo panel integrado por el sacerdote Carlos Pérez, el presidente de la Fraternidad de Iglesias Pentecostales (FRAPE), Moisés Román; el pastor Otoniel Font, del Concilio Fuente de Agua Viva; y el licenciado Magdiel Narváez, de la Iglesia Sendero de la Cruz.

Un tercer panel estará integrado por el Colegio de Abogados y el contador público autorizado José Rosa, por el Sínodo Presbiteriano de Borinquen. Mientras, el último turno será de Puerto Rico por la Familia, la Iglesia Avance Internacional, la Asociación Iglesia Bautista del Sur y la Iglesia Adventista de Puerto Rico.

El activista Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, indicó que solicitaron turno para participar de la audiencia pública, pero nunca hubo respuesta por parte de la Comisión, presidida por Rivera Schatz. “Nuestra petición es que se extiendan las vistas, que no sea un solo día y que se le dé espacio a las organizaciones que se oponen a esta medida”, señaló.

“Nuestro panel, integrado por miembros del consejo asesor, va a estar allí y nos gustaría que se nos diera una oportunidad para participar de la vista. No queremos pensar que son unas vistas pro forma, sino que se va a escuchar también nuestra posición a esta medida tan peligrosa”, afirmó Serrano.

La Federación ha sostenido que la legislación propuesta le da inmunidad a las profesiones reguladas por el Estado, ya sea los médicos, los abogados, los trabajadores sociales, para que no puedan atender a una persona, basándose en sus creencias religiosas.

El Nuevo Día intentó obtener expresiones de la senadora de Proyecto Dignidad,Joanne Rodríguez Veve, coautora de la medida presentada por el presidente del Senado, pero no fue posible. También, aparecen como coautores de la pieza legislativa las senadoras del Partido Nuevo Progresista (PNP) Brenda Pérez y Karen M. Román.

Tanto las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) como del Partido Popular Democrático (PPD) habían expresado su interés de que la medida, radicada el 2 de enero, se abriera a discusión pública, ante la posibilidad de que se atendiera por el mecanismo de descargue.

“Estamos hablando de algo que va a violentar no solo derechos ciudadanos, sino la dignidad de personas que buscan servicios del Estado. Hay que documentar mejor ese ejercicio”, dijo, entonces, la portavoz del PIP, María de Lourdes Santiago.

Su homólogo por el PPD, Luis Javier Hernández, opinó, también, que “gran parte” de las áreas abordadas en la medida “ya están reguladas”, y señaló que “parece que el PNP anda en campaña, en búsqueda del voto conservador y de Proyecto Dignidad”.

Por Katherine Ardila | Revista Medicina y Salud Pública

En una entrevista reciente para la revista Medicina y Salud Pública, expertos en salud, derechos humanos y VIH, analizaron las consecuencias potenciales de los recortes propuestos por la administración de Donald Trump al Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR). 

Este programa, establecido durante la administración de George W. Bush y respaldado por ambos partidos políticos en Estados Unidos, ha sido fundamental en la lucha global contra el VIH/SIDA. 

Sin embargo, los recortes planteados por Trump podrían poner en riesgo la vida de millones de personas que dependen de estos fondos para acceder a tratamientos antirretrovirales, especialmente fuera de Estados Unidos.

El impacto en la investigación y el tratamiento del VIH

El doctor Javier Morales, infectólogo e investigador puertorriqueño, recalcó la incertidumbre que rodea las decisiones de la administración Trump. «Nadie sabe lo que va a ocurrir», afirmó, refiriéndose a los constantes cambios en las políticas federales. 

Señaló que los recortes a agencias como los Institutos Nacionales de Salud (NIH) ya están afectando la investigación crucial contra el cáncer y el VIH. «Actualmente, el VIH pasó de ser un tratamiento de una pastilla al día a estar cerca de la erradicación del virus o lograr una supresión permanente mediante anticuerpos monoclonales. Pero todo esto podría desaparecer de la noche a la mañana», advirtió.

Morales explicó que, aunque no se puede hablar de una cura definitiva, los avances científicos han permitido que los pacientes con VIH entren en remisiones largas, similares a las de algunos tipos de cáncer. 

Sin embargo, estos logros podrían revertirse si se reducen los fondos federales que financian las clínicas de inmunología y los tratamientos. «En Puerto Rico, los pacientes indigentes reciben lo que necesitan sin escatimar nada, pero si esos fondos se reducen, ¿qué pasará con los medicamentos que cuestan miles de dólares al mes?», cuestionó.

El riesgo para Puerto Rico y la comunidad LGBTQ+

Pedro Julio Serrano, defensor de los derechos humanos y líder de la comunidad LGBTQ, coincidió con el doctor Morales en que los recortes representan un peligro inminente para Puerto Rico. 

«Estamos en peligro de que nos corten los fondos federales», afirmó. «La pregunta es: ¿cuál será la respuesta del gobierno de Puerto Rico si estos fondos se reducen? ¿El gobierno va a conseguir los fondos estatales para atender a las personas que vivimos con VIH o simplemente no harán nada y nos dejan a la merced de las cosas que está haciendo Donald Trump allá en Estados Unidos?».

Serrano explicó que los avances en el tratamiento del VIH han permitido que las personas que viven con el virus y siguen un tratamiento adecuado sean indetectables, lo que significa que no pueden transmitir el virus. 

Sin embargo, si los tratamientos se interrumpen, no solo se pone en riesgo la salud individual, sino que también se podría revertir el progreso global en la lucha contra el VIH. 

«Podemos acabar con el VIH si todas las personas están en tratamiento y utilizan métodos de prevención. Pero si se recortan estos fondos, habrá una crisis de salud pública no solo en Puerto Rico, sino en Estados Unidos y en el mundo», advirtió.

El impacto en la salud sexual y la prevención

Adalid Castro, profesor, sexólogo clínico y activista que vive con VIH desde hace 25 años, expresó su preocupación por el impacto que los recortes podrían tener en la salud sexual y la prevención. 

«Trabajo con el Estado, y no hemos recibido mucha información sobre cómo se manejarán los programas de prevención y la PrEP (profilaxis preexposición)», dijo. 

Señaló que la interrupción de los tratamientos podría llevar a mutaciones del virus, lo que requeriría medicamentos más costosos y complicados. «Esto no solo afectaría la salud pública, sino también la sexualidad de las personas», agregó.

De hecho, según el profesor, «la Organización Mundial de la Salud estima que casi 200 millones de personas dependen de los fondos de Estados Unidos para su tratamiento». Si estos fondos se recortan, no solo se perderán los medicamentos, sino también los programas de educación que son cruciales para prevenir nuevas infecciones.

¿Qué pasa si las personas con VIH dejan el tratamiento?: Riesgo de mutación y resistencia a los medicamentos

Por otro lado, el doctor Morales advirtió sobre el peligro de que los pacientes interrumpan sus tratamientos, incluso por períodos cortos. 

«Si dejas el medicamento de golpe, no debe haber un riesgo muy grande de desarrollar resistencia al medicamento que estabas tomando», explicó. Añadió que, aunque no es común que esto ocurra con una interrupción breve, el riesgo aumenta si los pacientes toman los medicamentos de manera irregular. 

«Más bien es cuando la gente dice pues me voy a tomar una hoy, me tomo una pasada mañana, me tomo otra dentro de cuatro días. Ahí sí es que entramos en el riesgo del desarrollo de mutaciones y de un virus resistente a los antibióticos». 

El experto recordó los avances logrados en las últimas décadas, desde los tratamientos de 26 pastillas al día en los años 90 hasta las opciones actuales: «Hemos avanzado tanto, en los años 90 eran 26 pastillas al día… En el 98 salió una pastilla de una vez al día con otras más que se usaban. Después salieron los inhibidores de integración. Actualmente estamos ya probando en PrEP, en pre-exposure prophylaxis, una inyección  que se puede usar cada cuatro a cada seis meses para evitar el contagio», explicó. 

Añadió que «también se están probando anticuerpos monoclonales para tratar de atacar los santuarios donde el virus se esconde y podríamos estar tocando la puerta y llevar a los pacientes a una remisión permanente. 

De allí la preocupación creciente por las decisiones de la administración de Donal Trump, si estos fondos se llegaran a recortar, posiblemente retrocederían todos estos avances y abría un nuevo problema de salud pública.  

Implicaciones globales y la necesidad de solidaridad

Pedro Julio Serrano enfatizó que los recortes no solo afectarían a Estados Unidos y Puerto Rico, sino también a países como Haití, México y Venezuela, donde USAID ha distribuido medicamentos para el VIH. «Si se deja de distribuir estos medicamentos, habrá una crisis humanitaria y de salud pública sin precedentes», advirtió. 

Serrano hizo un llamado a la solidaridad global, recordando que en un mundo interconectado, las decisiones políticas en un país pueden tener repercusiones en todo el planeta.

Así pues, los expertos coincidieron en que los recortes propuestos por la administración Trump al PEPFAR y otros programas de salud podrían tener consecuencias devastadoras, no solo para las personas que viven con VIH, sino para la salud pública global. 

Desde Puerto Rico hasta los países más pobres del mundo, millones de personas dependen de estos fondos para acceder a tratamientos que salvan vidas. 

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico exigió, hoy, que se permita que organizaciones, que están en contra de la medida que da licencia para discriminar bajo el pretexto de la libertad religiosa, participen de las vistas a celebrarse este próximo miércoles en el Senado.

«Por más de un mes, las entidades que conformamos la Federación, hemos exigido participación en las vistas públicas sobre el Proyecto del Senado 1, que pretende dar licencia para discriminar bajo la excusa de la libertad religiosa. La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos citó a una vista para este próximo miércoles 26, pero ninguna de nuestras entidades ha sido citada. Esperamos que se nos permita participar y expresar nuestra oposición a tan peligrosa medida», aseveró Iván Andrés López, vicepresidente de la Federación.

El pasado 13 de enero, día de la sesión inaugural de esta Asamblea Legislativa, la Federación hizo una conferencia de prensa en las escalinatas del Capitolio exigiendo vistas públicas. Sin embargo, no han sido citadas a deponer cuando han solicitado turnos para participar.

«Es menester que el Senado analice profundamente los peligros de una medida que no tan sólo vulnera, aún más, a la población LGBTQ+, sino a otras poblaciones vulnerabilizadas en Puerto Rico. Para poder aquilatar los alcances temerarios de dicho proyecto, los senadores y senadoras tienen que saber las implicaciones de violar la Constitución y abrir una puerta al discrimen», concluyó Olga Chapman Rivera, directora de Comunicaciones de la Federación.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico —compuesta por cientos de personas en su carácter individual y más de 90 entidades comunitarias y aliadas— busca instrumentar la equidad en nuestra patria. 

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La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico exigió, hoy, justicia para Alexa en el quinto aniversario de su asesinato.

«Aún no se le hace justicia a Alexa y aún no se le hace justicia a la comunidad trans en Puerto Rico. Es hora de traer al asesino a la justicia. Lo terrible de todo esto es que a cinco años de su brutal acoso, inhumana cacería y vil asesinato, quienes crearon un clima de odio y violencia transfóbica, siguen insistiendo en presentar proyectos de ley para deshumanizar, criminalizar y atentar en contra de las personas trans. Esto tiene que parar ya, pues es ilegal, cruel e inhumano», aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación.

«El asesinato de Alexa fue un atentado contra toda nuestra comunidad trans. Al acosarla, perseguirla, cazarla, violentarla y asesinarla, nos atacaron a todas las personas trans. Exigimos vivir en un Puerto Rico donde se nos respete nuestra identidad, donde se valore nuestra humanidad, donde se garantice nuestra dignidad. Las personas trans somos seres humanos que merecemos vivir en paz», dijo, por su parte, Ivana Fred Millán, directora de la Federación.

«El 2020, año en que fue asesinada Alexa, fue el peor año en la historia de nuestra comunidad, pues perdimos a siete personas trans a causa del odio. Esto no puede volver a suceder. Hacemos un llamado urgente y humano a la Legislatura a que detenga la consideración de medidas que atentan en contra de nuestra dignidad, de nuestra equidad, de nuestra humanidad. Basta ya», concluyó Justin Jesús Santiago, tesorero de la Federación.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico —compuesta por cientos de personas en su carácter individual y más de 90 entidades comunitarias y aliadas— busca instrumentar la equidad en nuestra patria. 

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Por Valeria Torres | El Nuevo Día

Los senadores Joanne Rodríguez Veve y Thomas Rivera Schatz presentaron este jueves una medida que busca prohibir los tratamientos hormonales y cirugías de afirmación de géneroen personas menores de 21 años, alegando supuestos “riesgos físicos, emocionales y psicológicos asociados a dichos procedimientos”.

El Proyecto del Senado (PS) 350 prohibiría, igualmente, el financiamiento de los tratamientos hormonales con fondos públicos, que tampoco podrían utilizarse para “promover, asistir o avalar” las cirugías de afirmación.

“La intervención prematura puede generar efectos adversos que afectan el bienestar físico, psicológico y emocional del menor, dado que su identidad puede evolucionar naturalmente con el tiempo a medida que madura”, lee parte de la exposición de motivos de la pieza que presentaron Rivera Schatz, presidente del Senado y del Partido Nuevo Progresista, y Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad.

Las intervenciones prohibidas incluyen los tratamientos hormonales –que se emplean en algunas transiciones de género–, como bloqueadores, progesterona, estrógeno o testosterona. Asimismo, se suprimirían las cirugías que “modifiquen o eliminen órganos sexuales con el objetivo de alterar su función biológica natural, así como intervenciones destinadas a alinear la apariencia física de un menor con una identidad distinta a su sexo biológico”.

Las personas que violenten las disposiciones del proyecto, de convertirse en ley, serían sancionadas con un término fijo de 15 años de reclusión.

En caso de ser un profesional de la salud, se revocaría su licencia para ejercer su práctica en Puerto Rico. Mientras, toda persona jurídica que incumpla con el propuesto estatuto tendría que pagar $50,000 por infracción y se le revocarían “todas las licencias y permisos de operación, impidiéndosele permanentemente llevar a cabo negocios en Puerto Rico”.

De inmediato, la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico rechazó la medida, al calificarla como “un ataque directo” que pone en jaque el bienestar físico y mental de la niñez y juventud trans. Asimismo, la organización alertó que el proyecto atenta contra la relación médico-paciente y la práctica de los profesionales de salud en Puerto Rico.

“Hacemos un llamado a la Legislatura a rechazar esta medida discriminatoria y garantizar que todas las personas, independientemente de su edad o su identidad de género, tengan acceso a atención médica basada en evidencia y libre de prejuicios”, expresó Ivana Fred Millán, directora de la Federación, en declaraciones escritas.

Mientras, el presidente de la Federación, Pedro Julio Serrano, aseguró que la legislación “ignora” la evidencia científica y las recomendaciones de entidades internacionales, como la Asociación Americana de Pediatría, la Asociación Americana de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud.

“Estas entidades han establecido que los tratamientos de afirmación de género, cuando son administrados bajo la debida supervisión médica y psicológica, pueden ser esenciales para el bienestar y la salud mental de las personas trans”, aseguró Serrano.

El PS 350 también ordena a los departamentos de Educación y de Salud la creación de “programas de educación y sensibilización”, que orienten a la comunidad, incluyendo padres y profesionales de la salud, sobre los alegados riesgos de las intervenciones para el cambio de sexo y género.

“Esta legislación no solo margina aún más a la niñez y juventud trans, sino que también les niega el acceso a servicios médicos esenciales que podrían salvar sus vidas. Estudios han demostrado que la falta de acceso a afirmación de género aumenta significativamente el riesgo de depresión, ansiedad y suicidio entre jóvenes trans”, expuso, por su parte, Güarix Agosto, tesorera alterna de la Federación.

El pasado 28 de enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva prohibiendo la asistencia federal a los tratamientos de cambio de sexo en menores de 19 años. El decreto también suspende las asignaciones “a la mutilación química y quirúrgica”, poniendo en riesgo las subvenciones para investigaciones o educación. El 13 de febrero, un juez federal del distrito de Maryland bloqueó la orden de forma temporal.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, expresó, hoy, su firme rechazo al proyecto de ley que constituye un ataque directo a los derechos de la niñez y juventud trans y pone en riesgo su bienestar físico y emocional. 

“El Proyecto del Senado 350, presentado por Thomas Rivera Schatz y Joanne Rodríguez Veve, sería un retroceso en los derechos humanos y el acceso a la salud de la niñez y juventud trans. Esta medida ignora la evidencia científica y las recomendaciones de organizaciones médicas y psicológicas, reconocidas a nivel mundial, como la Asociación Americana de Pediatría, la Asociación Americana de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud. Estas entidades han establecido que los tratamientos de afirmación de género, cuando son administrados bajo la debida supervisión médica y psicológica, pueden ser esenciales para el bienestar y la salud mental de las personas trans”, aseveró Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación. 

“Esta legislación no solo margina aún más a la niñez y juventud trans, sino que también les niega el acceso a servicios médicos esenciales que podrían salvar sus vidas. Estudios han demostrado que la falta de acceso a afirmación de género aumenta significativamente el riesgo de depresión, ansiedad y suicidio entre jóvenes trans. En lugar de proteger a la niñez y juventud trans, esta medida les expone a un mayor sufrimiento y vulnerabilidad”, dijo, por su parte, Güarix Agosto, tesorera alterna de la Federación. 

Además, “el PS 350 también pretende imponer sanciones draconianas a los profesionales de la salud que brinden estos tratamientos, criminalizando el ejercicio médico basado en evidencia científica. Esto no solo viola el derecho de la niñez y juventud trans a recibir atención médica adecuada, sino que además interfiere en la relación médico-paciente y vulnera la autonomía de las familias para tomar decisiones informadas sobre la salud de sus hijos, hijas e hijes”, sentenció Justin Jesús Santiago, tesorero de la Federación. 

“Hacemos un llamado a la Legislatura a rechazar esta medida discriminatoria y garantizar que todas las personas, independientemente de su edad o su identidad de género, tengan acceso a atención médica basada en evidencia y libre de prejuicios. Desde la Federación LGBTQ+, reafirmamos nuestro compromiso con la equidad, la dignidad y el bienestar de la niñez y juventud trans en Puerto Rico. Seguiremos luchando para garantizar que todas las personas puedan vivir con libertad y respeto, sin miedo a la discriminación o al abandono del Estado”, concluyó Ivana Fred Millán, directora de la Federación.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico —compuesta por cientos de personas en su carácter individual y más de 90 entidades comunitarias y aliadas— busca instrumentar la equidad en nuestra patria. 

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Por Roberto Ortiz López | Metro PR

Líderes de distintas organizaciones de derechos humanos en Puerto Rico están preocupados por los efectos que las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump podrían tener en la isla.

A finales de enero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) realizó operativos en la isla, interviniendo y deportando a inmigrantes dominicanos.

Según el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez, esto ha traído una “crisis humanitaria y económica”.

“Estas personas trabajan para enviarles dinero a su familia. Si cuidaban a una anciana, limpiaban casas, llevaban niños a la escuela y (ahora) tienen miedo de hacerlo”, señaló.

Rodríguez apuntó a los acercamientos hechos a la gobernadora Jenniffer González para trabajar el problema. “Le hemos hecho un llamado a la gobernadora para ver si buscamos alguna ayuda, salud humanitaria o algo para parar esto. Hay asuntos humanitarios aquí, pero ni el Consulado (de República Dominicana) ni el gobierno dominicano han dicho nada, ni la gobernadora. Estamos volviendo a la época de cuando los negros estaban luchando por sus derechos civiles, que fueron asesinados por luchar y ganar derechos adquiridos, que ahora nos quieren quitar”, advirtió.

Rodríguez mencionó recomendaciones en caso de que algún miembro de esta comunidad se topara con ICE. Planteó que, si tocan a su puerta, no la abran, que mantengan la calma, y que pregunten si tienen una orden de un juez más allá de un documento de inmigración. De ser así, pedirles que se la pasen por debajo de la puerta, y que esté en español. Recomendó guardar silencio si lo detienen en la calle.

Por su parte, Romelinda Grullón, directora del Centro de la Mujer Dominicana, resaltó las actividades que están realizando.

“Estamos pendientes a la orden ejecutiva, a las redadas, apoyando en lo que uno pueda, especialmente a las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de crimen. Que estamos trabajando con directorios legales, con bancos de alimentos”, abundó.

Otra de las órdenes ejecutivas plantea la congelación de fondos federales, situación que representaría un recorte de fondos para la Red de Nacional Albergues de Violencia de Género, que es subvencionada entre un 70% y 95% por estos fondos.

La presidenta de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, Coraly León, detalló que “definitivamente esto implica un impacto grande de materializarse los potenciales recortes. Otro de los retos es que, la semana pasada, también se dio el cierre de todas las convocatorias de fondos que Justicia federal tenía abiertas […] Hay mucha incertidumbre”.

Al mismo tiempo, desglosó las medidas y estrategias que están tomando para continuar con los servicios. “Hemos estado primero tocando base con las organizaciones que son integrantes de la red para conocer el estatus de cada cual y entender también el impacto específico que tiene el potencial recorte de fondos. Hemos estado también comunicando sobre esta situación a donantes, en realidad haciendo un llamado a que, en este momento y en este instante, que puedan apoyar a las organizaciones que brinden servicios a sobrevivientes”, agregó. Están atentas a asignaciones por vía legislativa en Puerto Rico.

Otro sector que se ha visto afectado con las nuevas políticas ha sido la comunidad LGBTQ+. El presidente de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, Pedro Julio Serrano, indicó que observan el movimiento local.

“Estamos pendientes a siete medidas que han sido presentadas en la Legislatura, que para nosotros son preocupantes. Una de las más preocupantes es ciertamente el proyecto del Senado 1 porque da una licencia para discriminar con la excusa de la libertad religiosa, que ya está protegida en la Constitución y que no necesita legislación adicional como está para que se pongan en función. En cuanto a las órdenes ejecutivas, pero para nosotros son órdenes fascistas de Trump, nosotros estamos aquí en Puerto Rico, estamos activamente identificando personas que puedan ser afectadas”, dijo Serrano.

Igualmente, anunció las estrategias que implementará la Federación LGBTQ+.

“Determinamos crear 20 secretarías y subsecretarías que se están conformando en estas dos semanas. Estas secretarías van a ser el trabajo de la Federación donde se van a tocar. Hay secretarías que tienen que ver con asuntos legislativos, asuntos jurídicos, diversidad funcional, adultos mayores, niñez y juventud, género y sexualidad, entre otros. De ahí, van a hacer unos planes de trabajo para atender los diferentes asuntos que tenemos que atender como comunidad, por las amenazas que se presentan”, indicó.

Próximamente, la Unión de Libertades Civiles (ACLU) estará anunciando una marcha en unión con más de 60 organizaciones de su frente unido para protestar ante las nuevas políticas públicas que afectan estas comunidades.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico se mostró, hoy, consternada por el vil asesinato de Sam Nordquist, un hombre trans que fue torturado por meses hasta que lo mataron en Nueva York.

«Como hombre trans, me siento horrorizado por el despiadado acto de tortura y posterior asesinato de Sam Nordquist. Sam fue torturado por meses, después de haber sido seducido y entrampado por una de las cinco personas que brutalmente le asesinaron. Este hecho no lo podemos desvincular del hecho que en el 2020, Puerto Rico se convirtió en el epicentro de la violencia anti-trans, cuando siete personas trans fueron asesinadas. No son hechos aislados, son producto de discursos y acciones de odio que incitan a la violencia en contra de nuestra comunidad», aseveró Justin Jesús Santiago, tesorero de la Federación.

Por otra parte, los portavoces se mostraron satisfechos de que el presunto asesino de Lorena Escalera, quien fuera conocida como la Beyoncé boricua, haya sido arrestado. Al igual, exigieron que se haga justicia tanto en el caso de Lorena como en el de Sam, en el cual ya han sido arrestadas cinco personas con relación a los terribles hechos.

«Durante la primera presidencia de Trump, vimos un incremento alarmante y significativo en los crímenes de odio en contra de nuestra comunidad LGBTQ+ y otras poblaciones vulnerabilizadas. Lamentablemente, ya estamos viendo un sustancial incremento en estos crímenes. Seguimos firmes en que combatiremos cualquier retórica o acción de odio en contra de nuestra comunidad. Basta ya», concluyó Jennifer Orellana, secretaria de la Federación.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico —compuesta por cientos de personas en su carácter individual y más de 90 entidades comunitarias y aliadas— busca instrumentar la equidad en nuestra patria. 

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