Por Benjamín Torres Gotay | El Nuevo Día

Hace menos de 10 años, la comunidad LGBTQ+, sus aliados y, en general, todas las personas creyentes en el amor y en la libertad, celebraron un histórico logro que apenas una década antes era impensable: el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo violaba la Constitución federal, que aplica aquí como consecuencia del dominio colonial de aquel país sobre Puerto Rico.

La decisión, que se dio a conocer en la mañana del 26 de junio de 2015, fue el momento culminante de una serie de años en que parecía que el discrimen, el desprecio, los ataques, los prejuicios y las burlas contra las personas de sexualidad no binaria, que habrían sufrido mares por siglos, serían final y definitivamente enterrados por la historia.

Dejó de ser bien visto, por ejemplo, burlarse de homosexuales en canciones o en pasos de comedia. Marcas y comercios se unieron a la causa. A mujeres y hombres trans, se les abrieron puertas que antes habían estado cerradas (como concursos de belleza, por ejemplo).

En 2016, una mujer abiertamente lesbiana, Maite Oronoz, fue designada presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico por Alejandro García Padilla, entonces gobernador. Se permitió la adopción a parejas del mismo sexo. El presidente estadounidense, Joe Biden, designó una doctora transgénero como segunda en mando en el Departamento de Salud federal y varias personas trans, en Estados Unidos y fuera, ganaron puestos electivos.

Parecía, por eso y por mucho más, que el pasado sería definitivamente pasado. Pero, la historia, como dijo una vez Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, “no siempre va en línea recta, sino que, a veces, zigzaguea”, y lo que ayer se veía como una etapa superada, hoy está otra vez bajo amenaza.

Las señales son alarmantes.

Donald Trump, quien regresa a la presidencia de Estados Unidos en menos de un mes, ha dicho muchas veces como esta, que dijo frente a jóvenes conservadores, el 22 de diciembre en Phoenix, Arizona: “Con un trazo de mi pluma en el primer día, pondré fin a la locura transgénero”. También dijo: “En la administración Trump, será política oficial del gobierno de Estados Unidos que solo hay dos géneros: masculino y femenino”. Y, finalmente: “Firmaré órdenes ejecutivas para acabar con la mutilación sexual infantil, sacar a los transgénero del Ejército y de nuestras escuelas primarias y secundarias”.

En Puerto Rico, mientras tanto, regresan al liderato legislativo dos figuras –Thomas Rivera Schatz, al Senado, y Carlos “Johnny” Méndez, a la Cámara de Representantes– de quienes se conoce que tienen una agenda conservadora y que están pendientes del voto religioso que, en las últimas dos elecciones, ha hecho aguaje de mudarse a Proyecto Dignidad, que tuvo un desempeño bastante modesto en las elecciones, pero mantiene sus dos legisladoras por acumulación.

Para los activistas de la comunidad LGBTQ+, el mensaje es tan claro como tan perturbador: toca, nuevamente, hacer acopio de fuerzas y enfrentar las mismas amenazas que tanto dolor y sufrimiento causaron en antaño.

“Los derechos los pueden quitar”

“Lo vimos con el aborto. Los derechos los pueden quitar en un abrir y cerrar de ojos, con una sola decisión que tomen nueve personas (que componen el Supremo federal). Así que nosotros, al saber que esa historia es real, nos venimos preparando para este momento”, sostuvo al activista Pedro Julio Serrano.

“Thomas Rivera Schatz y Johnny Méndez dijeron que ellos van a cumplir con una agenda conservadora y religiosa desde la Legislatura, y nosotros sabemos que eso es lenguaje bien claro por decir que van tras los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQ+”, agregó Serrano.

Al igual que en otros sitios, la comunidad LGBTQ+ se prepara para los desafíos. Aquí, nació la Federación LGBTQ+, compuesta por más de 70 organizaciones dispuestas a enfrentar la amenaza, que esperan apunte a las vidas de las personas transgénero, a la derogación de estatutos contra el discrimen por orientación sexual en distintos ámbitos, al derecho a la adopción e, incluso, contra el matrimonio entre personas del mismo sexo.

“Tan pronto el Tribunal Supremo de Estados Unidos determine (como con el aborto) que eso es una prerrogativa de los estados, el Código Civil que escribió la (exrepresentante) convicta María Milagros Charbonier va a ser la puerta de entrada para ellos derogar el matrimonio igualitario”, agregó Serrano, quien recordó que Clarence Thomas, uno de los miembros del Supremo estadounidense, dijo al escribir sobre el aborto que el matrimonio gay debía “ser reconsiderado” por la corte.

De la Federación, son parte organizaciones con historial de lucha en favor de la comunidad LGBTQ+, como el capítulo en Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Amnistía Internacional, Fundación Ricky Martin, Taller Salud y Waves Ahead, entre otras. Pero también hay organizaciones que no se habían vinculado directa o formalmente con este sector, como el Club Rotario y la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Son, en total, más de 70 organizaciones.

“Queremos ser una representación de lo que es la sociedad y un grupo amplio en el que todos los sectores de la sociedad estén representados y representadas”,indicó la activista Olga Chapman, también miembro de la Federación.

Trans en la mirilla

El consenso entre los activistas es que la comunidad trans es la primera contra la que apuntarán las fuerzas conservadoras en Puerto Rico y en Estados Unidos. En el cuatrienio a punto de concluir, la representante Lisie Burgos, de Proyecto Dignidad, presentó nueve medidas contra esta población, incluyendo una controversial prohibición del transformismo, una popular forma de entretenimiento que practican hasta hombres heterosexuales, como el comediante Raymond Arrieta con su persona “Plinia”.

Ninguno llegó a buen término por la diversidad representada en la Legislatura saliente. Pero, con una nueva Asamblea Legislativa ampliamente dominada por un Partido Nuevo Progresista (PNP) deseoso de fortalecer sus credenciales conservadoras, los activistas no están tan seguros de que nuevos intentos también fracasen.

Por orden ejecutiva, las personas trans pueden cambiar su nombre en sus documentos oficiales y ser llamados acorde al género con el que se identifican y en el que viven. Igualmente, una decisión de 2018 de la jueza federal Carmen Consuelo Vargas les permite cambiar el género en su certificado de nacimiento. Ambos avances, creen los activistas, están en peligro a partir de enero.

A quienes no han tenido las experiencias de las personas trans, puede parecerles esto un tema sin mucha importancia. Sin embargo, las personas trans consideran que llamarlos por un nombre al que renunciaron por no responder a su naturaleza y obligarlos a identificarse con un género que en no pocos casos les fue traumático es un acto de violencia y de deshumanización.

Ivana Fred, una mujer trans que completó su transición antes que se le permitiera llevar documentación con su nombre actual, contó que su nombre de nacimiento –al que llaman “nombre muerto”– le hace inundarse de las memorias de los sufrimientos que vivió cuando su identidad de género y su apariencia física no guardaban relación con sus documentos oficiales. “Me pesaba mucho llevar el nombre que mi mamá me puso, porque con ese nombre a mí se me cerraron muchas puertas. Fui víctima de mucho acoso”, recordó.

Temen también prohibiciones específicas de usar los baños de los géneros con los que se identifican (algo que ya se implantó en el Congreso de Estados Unidos ante la llegada de una sola congresista trans entre 450 representantes), limitaciones en los servicios de salud y, en general, la creación de un ambiente hostil para las personas homosexuales y para los trans en particular.

“No quieren que podamos vivir en la sociedad ni podamos hacer las cosas que cualquier persona normal haría. A eso es a lo que vienen, a que se nos haga más difícil cambiarnos los nombres, los géneros, el acceso a la salud. A eso es a lo que vienen”, sostuvo Güarix Agosto, una persona transfem/no binarie de 20 años, también integrante de la directiva de la Federación.

Justin Jesús Santiago, un hombre trans de 69 años, que asumió su identidad de género en 1970, a los 15 años, ha vivido, por lo tanto, todas las etapas de esta lucha y está claro en lo que está en juego.

“Desde el saque, ellos no admiten la existencia de nosotros. No quieren que nosotros existamos. Definitivamente, no solo se trata de que nos invalidan los derechos que ya conquistamos. Se trata de que están atentando contra nuestras vidas, porque, si a una persona de identidad trans que recibe tratamiento médico no se le dan los tratamientos adecuados, su salud tanto física como emocional se va a deteriorar. O sea, no es solo que nos invaliden derechos, se trata de que están atentando contra nuestras vidas”, afirmó.