Mes: junio 2024

¡Gracias a Coalición de Coaliciones por incluirme en este homenaje en nuestro mes de orgullo! 🏳️‍🌈🇵🇷🏳️‍⚧️

Es difícil comprender que, hay veces, que hay que pasar por la más dura oscuridad para llegar a la luz.

Hace unos años, sentí —por una gran injusticia— la desolación.

Tuve que recomponerme, prácticamente solo; pues nadie más que uno mismo es capaz de reconstruirse.

Hoy soy más sensible, más humilde, más empático.

No me da vergüenza expresarlo. Todo lo contrario. Siento orgullo.

Soy un mejor ser humano por las vicisitudes que enfrenté y que vencí.

La verdad siempre estuvo de mi lado, pero la percepción tal vez no.

Sin embargo, el tiempo me dió la razón. Me siento reinvindicado.

Lo que más orgullo me da es que aún, en esa desolación y recomposición, siempre seguí luchando.

No me rendí. Aún cuando, a veces, ni yo mismo me sentía listo pa’ dar cara, me levanté y luché.

Ese es el espíritu humano. Indomable. Capaz de todo. Hasta de hacer brillar la luz que todos llevamos dentro.

Brilla, siempre, aunque duela. La recompensa será tu dignidad.

Por Primera Hora

La Policía de Puerto Rico reaccionó hoy a los comentarios de diversos líderes de la comunidad LGBTQ+, entre ellos el activista Pedro Julio Serrano, quienes fustigaron la gestión de esa agencia sobre asesinatos en los que las víctimas son miembros de esa comunidad.

Los comentarios de Serrano se produjeron tras las recientes muertes del exasesor legislativo Víctor Juan Enríquez, reportado en la madrugada del jueves en Villa Palmeras, y de una fémina de 25 años, registrado esta madrugada en Isabela.

En una comunicación escrita, se indicó que “todas las investigaciones que efectúa la Policía de Puerto Rico, conllevan el examinar todos los posibles ángulos para determinar un móvil y/o la causa de muerte. Así lo dictan los protocolos de investigación en todos los casos, incluyendo los de muerte a las personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ+, pues para nosotros la vida de todo ser humano es igualmente valiosa”.

En las expresiones en la escueta comunicación que no fueron atribuidas a ningún funcionario en particular, se añade que “en los casos de muertes violentas o sospechosas de personas de la comunidad LGBTQ+, nunca se descarta el crimen de odio. Sin embargo, la investigación no puede centrarse en un solo motivo, porque el propósito debe ser encontrar la verdad sobre los hechos y al responsable de los mismos, en el caso de que existe un elemento criminal”.

Serrano mencionó que el incidente en el que fue ultimada la fémina y otra mujer resultó herida de bala, es el quinto crimen de una persona de la comunidad gay que se reporta en lo que va del año.

Añadió que los otros cuatro crímenes son el de Enríquez, ocurrido ayer en la madrugada, y los asesinatos de África Parrilla, Roberto García y Ángel García.

El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano pidió, hoy, a las autoridades federales y estatales que investiguen todos los ángulos en el ataque a una pareja lésbica en Isabela, donde una de las víctimas fue asesinada mientras su pareja fue herida.

«Este asesinato de Annmarie Rosado Dueño es el quinto de una persona LGBTQ+ en lo que va del año y que, además, resulta en su pareja herida, Yesenia Marrero. Esto es alarmante, por lo que pedimos tanto a la Policía como al FBI que se investiguen todos los ángulos, incluyendo el de odio, por tratarse de una pareja lésbica. Sus protocolos exigen que así se investigue cada caso en contra de personas LGBTQ+. Esperamos que cumplan con su deber y se haga justicia en este caso», aseveró Serrano.

El portavoz de Puerto Rico Para Todes recordó que ha habido un incremento en la violencia en contra de las personas LGBTQ+, con cinco asesinatos que han sido reportados en lo que va del año.

«Esta semana han sido dos asesinatos de personas LGBTQ+ y una persona LGBTQ+ adicional que resultó herida. Es un incremento que no veíamos desde el 2020 cuando siete personas trans fueron asesinadas. Es hora de que el gobierno atienda esta crisis de violencia en contra de las comunidades LGBTQ+ de manera inmediata», concluyó Serrano.

Por Wilmariely Agosto | El Vocero

En una vista de estatus de la reforma de la policía ante el juez Francisco Besosa del Tribunal Federal del Viejo San Juan, el activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano consignó sus preocupaciones respecto al manejo de la Uniformada en los casos que afectan a miembros de la comunidad Lgbttiq+.

A su vez, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) discutió con el juez los temas de reclutamiento de cadetes, la urgencia de nuevas tecnologías y el uso de fuerza por parte de los miembros del Negociado de la Policía.

Serrano verbalizó todas las áreas que, desde su punto de vista, deben ser atendidas para que haya un manejo óptimo y respetuoso donde se garanticen los derechos civiles de la comunidad Lgbttiq+. “Claramente, el gobierno está tratando de pintar que están en cumplimiento con la reforma de la policía. La realidad del caso es que cuando se trata de la vida de las personas Lgbttiq+, no están cumpliendo con nosotros. Tenemos una iniciativa de trabajo que llevamos prácticamente un año trabajando a petición nuestra. Cuando empezó la reforma de la policía nos incluyeron a nosotros, nosotros dimos adiestramientos, trabajamos los protocolos, establecimos el lenguaje y cómo se iba a utilizar y miembros de nuestras comunidades hicieron ‘role play’ y eso se abandonó”, expresó Serrano.

Dijo que han propuesto múltiples ideas, como la creación de un grupo de trabajo Lgbttiq+ por agencia, tanto estatal como federal, para abordar temas específicos por agencia y “no ha sucedido”. Del mismo modo, plasmó que solicitaron un calendario de capacitaciones por agencia y conocer qué personal ha sido capacitado, pero “no se ha materializado”.

Además, mencionó que los principales errores de la Policía al momento de atender escenas de miembros de la comunidad son cuando identifican a una mujer trans como “hombre con ropa de mujer” o dicen el nombre con el que la víctima no se identifica. Mencionó, además, que los crímenes en contra de la comunidad “se tienen que investigar como crímenes de odio para descartar que ese fue el ángulo” y, según dijo, no siempre se hace.

Otra propuesta puntual ha sido “crear una entidad independiente y ciudadana para evaluar protocolos, capacitaciones, denuncias y situaciones que ocurren en torno a personas LGBTQ+ en el Departamento de Policía y el Departamento Correccional”, pero, mencionó, “está siendo evaluado”.

Dentro de ese listado, se encontraba establecer una persona que sirva de enlace con la comunidad Lgbttiq+, y precisamente esta semana el DSP lo designó.

Cuando Serrano finalizó su alocución en sala -donde plasmó casos actuales- el magistrado Besosa le agradeció por haber asistido al estrado, pero le aclaró que su ordenamiento en este caso es evaluar la reforma policiaca, no los casos que acontecen diariamente.

Buena comunicación

En las afueras del tribunal, el secretario del DSP, Alexis Torres, enfatizó que mantiene buena comunicación con el activista y que “siempre ha estado presente”.

“Llevamos meses trabajando con reuniones, como él mencionó con los directores de agencia federal y del DSP. En varias ocasiones nos hemos reunido también con el coronel Roberto Rivera, que le hemos hablado y le hemos explicado, dentro del margen de lo que nos permita la investigación, cómo van esas investigaciones para poder darle a él detalles”, indicó Torres a preguntas de periodistas.

Uno de los planteamientos de Serrano es que alegadamente ya no incluyen -como al inicio- a la comunidad en los adiestramientos de la Uniformada y este tipo de intervenciones podrían influir para que los policías tuvieran más tacto al atender este tipo de casos.

“Yo puedo decir que cada policía ha sido empático trabajando con cada una de las investigaciones referentes a la comunidad. Tengo que decir que cada capacitación, cada entrenamiento, nosotros lo tomamos serio y obviamente siempre buscamos como atemperarnos con la realidad y con las diferentes situaciones”, respondió.

Reforma y sus avances

Igualmente, Torres mencionó que en la vista discutió los “avances” que ha tenido la Uniformada en el cumplimiento de la reforma y celebró que en los próximos meses trabajarán para comenzar academias para formar entre 2,500 a 3,000 cadetes. “Si logramos esa meta de mínimo 2,500 cadetes, pues definitivamente añadido con la tecnología, vamos a poder ser más eficientes y poder tener más policías en diferentes áreas”, manifestó.

Para incrementar las academias y los cadetes, la Policía se unirá a la Universidad Ana G. Méndez

Asimismo, Torres dijo que hoy solamente restan 19 áreas de cumplimiento relacionadas con tecnología y que, en el pasado, eran 62 donde se incumplía. Para esto, alegó que necesitan más fondos y que continuarán comunicándose con la Junta de Control Fiscal.

A modo de ejemplo, proyectó que aproximadamente para el 2026 todos los miembros de la Uniformada tendrán una cámara corporal.

Por Alex Figueroa | El Nuevo Día

El activista de los derechos humanos Pedro Julio Serrano reclamó este jueves, en el Tribunal Federal en el Viejo San Juan, medidas en la Reforma de la Policía para una mejor protección de los miembros de la comunidad LGBTQ+ en Puerto Rico.

“Todavía estamos siendo sometidos a la violación de nuestros derechos civiles”, sostuvo Serrano, durante una deposición ante el juez federal Francisco Besosa.

Sus expresiones tuvieron lugar durante una vista en la que el monitor federal, John Romero, presentó su más reciente informe de estado de la Reforma, encontrando una mejoría en distintas áreas por parte de la Uniformada.

Destacó que de los 179 párrafos con áreas evaluadas en el periodo de octubre de 2023 a marzo de 2024, Romero encontró un aumento de un 68% a un 88% en calificaciones de “cumplimiento parcial” en comparación con el informe anterior, lo que calificó de un “progreso significativo”.

Sin embargo, en el área de “Igual Protección y No Discrimen”, el monitor federal encontró un “progreso marginal”. Aunque uno de los renglones pasó de no cumplimiento a cumplimiento sustancial, el resto se mantuvo en el 60% de cumplimiento parcial, como en el informe anterior.

Romero apuntó que la Policía “ha logrado un progreso significativo en la entrega de servicios a las comunidades transgénero y transexual, pero destacó que “persisten retos en el adiestramiento relacionado con la interacción con estas comunidades”.

Señaló que al adiestramiento “le falta profundidad y cobertura comprensiva, resaltando que más allá del “conocimiento de las políticas”, es importante “asegurar la participación activa de miembros de la comunidad transgénero y transexual tanto en el desarrollo como en la entrega de los materiales de adiestramiento”.

Por su parte, el abogado del Departamento de Justicia federal en el caso de la Reforma, Luis Saucedo, destacó la importancia de que el adiestramiento retome la participación de voluntarios de la comunidad LGBTQ+ como actores en la simulación de intervenciones para mejorar la preparación de los oficiales para situaciones reales.

“Al principio de este caso se hacía”, comentó. “Ese trabajo fue un éxito. El problema es como se sostiene”.

En medio de esa discusión fue que el juez Besosa llamó a Serrano para expresarse como miembro de la comunidad y no se limitó a presentar críticas a la Policía, sino también a la forma en que se da la intervención de Justicia federal y el Monitor.

“La respuesta es siempre la misma: hay que esperar a que se cierre cada caso para monitorear cómo actuó la Policía y evaluar el uso o mal uso de sus protocolos. Si bien esta podría ser la forma en que se ha conceptualizado, en términos prácticos es inaceptable”, manifestó Serrano. “Nuestras vidas están en peligro. Necesitamos una oficina del Monitor activa para que podamos efectuar cambios. Necesitamos acciones ahora, no después de que se violen nuestros derechos”.

Destacó que aunque tiene líneas de comunicación abiertas con agencias de ley y orden estatales y federales, “el plan de moverse adelante sigue en la verja”, al no recibir contestaciones sobre propuestas para crear grupos de trabajo, calendarios de reuniones, revisión de protocolos, cómo se clasifican las estadísticas e identidades y cómo se manejan los reportes de crímenes de odio, entre otros.

Reiteró que los miembros de la comunidad LGBTQ+ son revictimizados cuando la Policía no utiliza su identidad adecuadamente o no se prioriza la investigación del ángulo de crimen de odio, mientras que lamentó que múltiples de esos casos no han sido esclarecidos, como el de Alexa, Kevin Fret, Eddie Xavier Morales Rodríguez, Uvita Pérez Ortiz, Luis Ángel Díaz Castro, África Parrilla y Ángel Javier García.

También denunció que en marzo pasado la Policía llevó a cabo dos operativos en los que arrestó a decenas de personas en las playas de Levittown y Ocean Park sin una clara violación de ley.

Indicó que, tras una requisitoria, la Comisión de Derechos Civiles recibió “18 páginas de un operativo establecido por la Policía” que resultó en el arresto “de más de 40 personas”.

“Todos se cayeron porque la jueza encontró que no había caso y que estaban violando los derechos civiles”, expuso Serrano. “Si no han arrestado a parejas heterosexuales por tener relaciones en la playa, ¿por qué están apuntando a los hombres homosexuales y bisexuales nuevamente? Son violaciones de derechos civiles que tiene que atender la Reforma”.

Aseguró que tras comunicarlo al secretario del DSP, Alexis Torres, el funcionario ordenó descontinuar ese tipo de operativo.

Tras recordar que los casos fueron llevados al tribunal tras consultar con la Fiscalía, Torres indicó que impartió instrucciones para “retomar y mirar lo que son los resultados de esas operaciones”.

“Aunque se estaba trabajando sin ningún tipo de persecución o línea, tenemos que evaluar”, apuntó Torres.

Mientras, Serrano se mostró complacido con la designación reciente de Jayson Torres como la persona enlace entre el Departamento de Seguridad Pública con la comunidad LGBTQ+.

Entiende que mejorará la atención de los casos dentro de la Policía, aunque insistió en la propuesta planteada por distintas entidades en el pasado sobre la creación de una entidad civil que lleve a cabo algún tipo evaluación independiente de los adiestramientos, querellas y situaciones que ocurren en la Policía.

Posterior a su exposición, el abogado de Justicia federal por primera vez expresó que la creación de ese organismo civil para la Policía es posible.

Saucedo dijo que al principio no se contempló, pero sostuvo que una junta de supervisión civil “no es inconsistente” con el Acuerdo Federal para la Reforma de la Policía.

“Si el gobierno (de Puerto Rico) lo quiere hacer, le damos la bienvenida”, agregó. “Habría que ver cuáles son los poderes que tendría”, pero aclaró que su agencia no puede imponer un modelo de supervisión posterior a la Reforma y admitió que si ese tipo de organismo ha funcionado en otra jurisdicción, “no todos son perfectos y no todos funcionan igual en todos lados”.

Serrano se mostró satisfecho con que sus expresiones y la manifestación de Saucedo quedaran para el récord del caso.

“Esto quiere decir que los reclamos que estamos haciendo las organizaciones de derechos civiles, tanto los inmigrantes, como comunidad LGBTQ+, las mujeres y los afrodescendientes en este país están teniendo resonancia”, manifestó Serrano

REACCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Durante la audiencia, el abogado del gobierno de Puerto Rico, Gabriel Peñagarícano, dijo desconocer los casos a los que hizo referencia Serrano y enfatizó en que no se pueden utilizar señalar que la Policía no está cumpliendo con la Reforma,

“Este caso es sobre cómo prevenir el crimen y la forma de cómo atenderlo se estableció hace años”, sostuvo el abogado. “Estamos haciendo todo lo posible para cumplir con el acuerdo (de la Reforma) y tenemos que tener cuidado de usar estos ejemplos para enviar el mensaje de que no estamos cumpliendo. Nosotros nos guiamos por los que nos dice el Monitor”.

A su vez, el juez Besosa manifestó también está limitado a velar que la Policía cumpla con lo establecido en los acuerdos y no puede insertarse en la operación del día a día de la agencia.

De su lado, el secretario del DSP mantuvo que los organismos desarrollados dentro de la Reforma proveen las herramientas necesarias para que la Policía pueda alcanzar un funcionamiento respetando los derechos civiles de los ciudadanos.

“Me mantengo firme en los planes de trabajo que tenemos”, dijo Torres. “Está el abogado Saucedo, el comisionado especial (Alejandro del Carmen), el monitor, la Oficina de la Reforma a la que le añadimos recursos y el principal oficial financiero (de la Reforma)”.

“Lo que estamos mirando es cómo el equipo que está continúa avanzando, como al día de hoy, que solamente 19 párrafos, de 62, en los pasados dos años, hemos logrado una mejoría en cada uno de los acuerdos”.

El más reciente informe del Monitor destacó mejorías en los niveles de cumplimiento en las áreas que tienen que ver con el Uso de Fuerza, en el lenguaje usado para las causas probables de allanamiento y arrestos, supervisión, reclutamiento y adiestramientos para intervención de personas en crisis, entre otros.

“Un segundo informe positivo delante del juez Besosa denota la responsabilidad y recursos asignados a lo que es este proceso”, apuntó Torres. “De la misma manera, estamos en comunicación con la Junta Fiscal para identificar los fondos necesarios para la tecnología necesaria”.

Algunas de esas medidas tecnológicas incluirá el monitoreo remoto del transporte de personas arrestadas, la asignación de cámaras corporales a todos los policías y el sistema de documentación de casos, además de la construcción de salones especializados, en cada comandancia, para atender a las víctimas de violencia de género y agresión sexual.

Good morning. My name is Pedro Julio Serrano and I’m the founder and president of Puerto Rico Para Todes (Puerto Rico For All), a nonprofit organization that works to ensure that LGBTQ+ people are treated equally under the law. I also work as Development Manager of Waves Ahead Puerto Rico and a member of a united front of more than 60 organizations that are advocating for the government to instrument equity for LGBTQ+ people in Puerto Rico.

I come before you today, honorable Judge Francisco Besosa, to address this honorable court on important matters on the implementation of the Agreement for the Sustainable Reform of the Puerto Rico Police Bureau.

For many years, we have been trying to work with the Puerto Rico Police Department and the Technical Compliance Advisor (TCA) on the Puerto Rico Police Bureau’s implementation of the Agreement for the Sustainable Reform of the Puerto Rico Police Bureau.

During the past year, we have been active members, at our request, of the United Against Hate (UAH) initiative that was started by the United States Attorney’s Office of the District of Puerto Rico. It all started by the frustration of many years of not being able to continue the work to make sure that the reform of the Police Department complies with the safeguarding of the civil rights of LGBTQ+ people in Puerto Rico.

Since then, we’ve had several meetings with the understanding that after this Pride season, we will continue our scheduled meetings to continue to work on the issues surrounding the Police and the LGBTQ+ community in Puerto Rico.

As part of those efforts, we were just notified this week, that an LGBTQ+ liaison has been named at the Public Security Department led by Alexis Torres. This is a welcomed starting point to make sure that we have a holistic approach in dealing with cases involving LGBTQ+ people in the respective agencies affiliated to this department, including the Police.

Even though there is a united front, as part of the UAH initiative, of several federal and statewide agencies, the Police Chief has never participated. We’ve had executive individuals from the federal agencies, such as FBI, US Attorney’s Office, HSI, US Marshalls and state agencies, such as Department of Justice, Police Reform Office, Public Security Department, Corrections Department and the TCA.

Even though, the lines of communications are open, the plan to move forward is still on the fence. Please let me bring to your attention the following issues:

• We proposed the creation of an LBGTQ+ working group per agency, both state and federal, to address specific issues per agency, including, but not limited to, the creation and offering of training; reviews of protocols and standards; discussion and follow-up on specific aspects of each agency. It hasn’t happened.

• We proposed a calendar of work meetings to address specific issues per agency, both state and federal. It has not been issued.

• We asked for a calendar of trainings on LGBTQ+ issues per agency, both state and federal and which personnel has been trained. It has not been materialized.

• We asked for a calendar to review the protocols and standards on LGBTQ+ issues in each agency, both state and federal. It has not been created.

• We asked that a liaison position with the LGBTQ+ community be created in each agency or that a diversity, equity and inclusion committee be instituted that can address the needs of our communities. Only the Public Security Department has created such position and only it was done a few days ago.

• We asked to know how statistics and identities of LGBTQ+ people are classified, collected and used in each agency.Our request hasn’t been answered.

• We asked to establish a direct line of communication with the Office of the Federal Monitor of the Police Reform to outline strategies for compliance with the parameters of the reform regarding LGBTQ+ issues. It hasn’t happened.

• We asked to create an independent and citizen entity to evaluate protocols, training, complaints and situations that occur around LGBTQ+ people in the Police Department and the Corrections Department. It is being evaluated.

• We asked for ongoing meetings with the agency and LGBTQ+ members. It hasn’t happened.

• We asked to the Police General Order 624, which is from April 2018, to be updated. It hasn’t been reviewed.

• We asked to know how reports on hate crimes and crimes against LGBTQ+ people are being conducted by the Police.We have no answer.

While all of this is still on the table, with no plan to move forward; we are still being subjected to the violation of our civil rights.

In March, there were two interventions with undercover agents in Ocean Park and Levittown. They targeted gay and bisexual men, arrested them and cited them to appear at a district court at a latter date. The men that were intervened in Levittown appeared in court and all the cases were dismissed by the judge because of the improper citation by Police officers, as well as fragrant abuses. The cases in Ocean Park didn’t get to see a judge because the Police Department decided not to show up because of what transpired before where the cases were dismissed.

Please let me showcase what happens in these interventions: the Police uses goodlooking undercover agents, dressed in shorts and tight shirts, to lure unsuspected men into engaging with them. Once they interact, they arrest them and violate their civil rights. This practice was discontinued since 2016 and it was restarted earlier this year. After a discussion, with federal and state executives in attendance at a UAH meeting, Secretary Torres issued an order for these interventions to be stopped.

This past weekend, a trans tourist was brutally attacked in Santurce. Not only she was robbed, but also, she was sexually assaulted. We found out about it through the press, and we contacted the officials. She decided not to continue pursuing the case because of the language barriers, but also because she felt revictimized and not heard when she asked that she had a rape kit performed without the presence of police officers. Her request was not respected, and she declined medical care and declined to continue to pursue justice in her case. This is why we need for Police to work with our organizations to make sure that the survivors can receive proper, sensible and respectful care once they’re targets of crime and violence.

We continue to be revictimized by the erroneous reports when bodies of trans and gender nonconforming fatal victims of crimes are identified without recognizing identities. The protocol dictates that the Police report states that a PERSON was found without identifying the gender, but the Police continues to state that “a man with woman’s clothes” was found.

Adding salt to the injury, they use the person’s deadname to identify the victim, instead of using the name by which the person identified and the correct pronouns. This shows that there is an inadequate handling of trans and non-binary people by the police. 

Another mishandling of a hate crime was the murder of Roberto García. His death was not reported as an LGBTQ+ person, as it is required, and a previous conviction of Garcia as a sex offender was reported to the press when it had nothing to do with his murder or the motive given by his killer. This is unacceptable.

To compound all this, we are still waiting to hear back from the Police about the status of these recent killings of LGBTQ+ people: Alexa, Kevin Fret, Eddie Xavier Morales Rodríguez, Uvita/Chanel Pérez Ortiz, Luis Angel Díaz Castro, Africa Parrilla and Angel Javier García. We have information about several killings that happened at the rest stop near the Monumento al Jíbaro where the Police identified a gang committing these murders, but nothing has happened since then.

One of our major frustrations is that when we have spoken to theTCA and the representative of the US Department of Justice about all of this, the answer is always the same: we must wait until each case is closed to monitor how the Police acted and to evaluate the use or misuse of their protocols. While this might be the way it has been conceptualized, in practical terms, this is unacceptable and useless. Our lives are in danger. We need an active monitor office so we can effect change. We need actions now, not after our rights are violated.

We are willing and able to continue to try to work with the Police to make sure that the civil rights of LGBTQ+ people are respected, but also that the reform is complete with the safeguard that our rights are going to be protected and that we can, once again, trust the Police. We are willing and able. We need the same commitment from the TCA and the Police.

El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano pidió, hoy, a las autoridades federales y estatales a que investiguen todos los ángulos en el asesinato de Víctor Juan Enríquez Díaz en Santurce.

«Este asesinato es el cuarto de una persona LGBTQ+ en lo que va del año. Esto es alarmante, por lo que pedimos tanto a la Policía como al FBI a que se investiguen todos los ángulos, incluyendo el de odio, por tratarse de un miembro de nuestras comunidades LGBTQ+. Sus protocolos exigen que así se investigue cada caso en contra de una persona LGBTQ+. Esperamos que cumplan con su deber y se haga justicia en este caso», aseveró Serrano.

El portavoz de Puerto Rico Para Todes recordó que ha habido un incremento en la violencia en contra de las personas LGBTQ+, con cuatro asesinatos que han sido reportados en lo que va del año.

«Este incremento en la violencia no se da en un vacío. Los grupos fundamentalistas, liderados por Proyecto Indignidad, nos han declarado la guerra. Su retórica, acompañada de sus acciones de odio, en contra de nuestra comunidad LGBTQ+ está incitando a la violencia en contra nuestra. Basta ya de demonizar a nuestra gente. Su odio tiene consecuencias fatales y reales en nuestras vidas. Basta ya», concluyó Serrano.

El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano se mostró, hoy, complacido con el nombramiento del jefe de personal del Departamento de Seguridad Pública, Jayson Torres, como el enlace con la comunidad LGBTQ+ en dicho departamento.

“Estamos agradecidos con el nombramiento de Jayson Torres como Enlace con la Comunidad LGBTQ+ en el Departamento de Seguridad Pública. Confiamos en que podamos colaborar para instrumentar los protocolos y órdenes que atienden los asuntos LGBTQ+ en los negociados que componen dicho departamento y se hagan valer los derechos civiles de nuestra gente”, aseveró Serrano.

Por su parte, el secretario del DSP, Alexis Torres, expresó que «en el Departamento de Seguridad Pública fomentamos la inclusión y tenemos el firme compromiso de continuar trabajando junto a la comunidad LBGTQ+ para una respuesta efectiva en los casos que nuestros primeros respondedores atiendan salvaguardando los derechos de todas las partes. A tales efectos designé a Jayson Torres como enlace del DSP y todos sus negociados para canalizar los procesos de acuerdo a los protocolos  establecidos».

Este enlace coordinará la respuesta del departamento de Seguridad Pública y sus negociados en asuntos relacionados a la comunidad LGBTQ+, incluyendo revisar los protocolos, órdenes y adiestramientos. Además, servirá de punto inicial de contacto con las organizaciones LGBTQ+ para atender con premura, sensibilidad y respeto los casos en los que se vean involucradas las personas LGBTQ+. 

«Como enlace del DSP y todos sus negociados próximamente coordinaré una reunión inicial con el enlace de la comunidad LBGTQ+ y las organizaciones comunitarias para establecer el plan de trabajo de acuerdo a los protocolos y reglamentos del Departamento para garantizar sus derechos. Asimismo, en el Departamento estamos receptivos a escuchar sus inquietudes y atenderlas con premura. Esta designación es el primer paso», destacó, por su parte, Jayson Torres.

By Latinally

These Latin LGBTQ+ activists are here to show us that Pride Month is more than a moment; it is a movement for equality.

With over 33 million Latin Americans belonging to this community (Statista, 2022), Latin America has witnessed a continuous, vibrant, and fierce movement of LGBTQ+ activism, where individuals and organizations keep emerging to champion the rights and dignity of sexual and gender minorities.

While progress has been made in acknowledging the LGBTQ+ community as a viable consumer segment, there is still work to be done to ensure authentic and inclusive representation. These activists have played a crucial role in challenging societal norms, advocating for legal reforms, and fostering acceptance and inclusion.

This text delves into the remarkable stories of Latin LGBTQ+ activists who have been at the forefront of this transformative movement.

Amaranta Gómez Regalado

Amaranta is a Muxhe indigenous Zapotec activist hailing from the city of Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Mexico. With over 19 years of experience, she has been actively engaged in social activism at the local, regional, and international levels, focusing on issues such as health, sexuality, ancestral gender identities, human rights, and cultural promotion.

Amaranta is the founder of Colectivo Binni Laanu A.C., an organization dedicated to advancing the rights and well-being of marginalized communities. She made history as the first Muxhe/trans candidate for federal deputy under the former political party Mexico Posible, recognized by the Federal Electoral Institute (IFE) with the name Amaranta Gómez Regalado.

Additionally, Amaranta is a member of the Country Coordinating Mechanism (CCM) of the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria in Mexico, representing the Muxhe/trans community. She serves as the current regional secretary for Muxhe/trans issues in ILGA-LAC (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, and Intersex Association) for Latin America and the Caribbean.

José Parada

José is a historian, writer, LGBTQ+ activist, and Chilean politician. In June 2010, he gained recognition following the publication of an article titled “Gay Marriage in Letters” in the newspaper The Clinic, where a series of email exchanges between him and a family member defending the idea of same-sex marriage were published.

In 2011, Parada began his career as an activist by joining the Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) and becoming a spokesperson for the organization. He gained significant media attention after the assault on teenager Daniel Zamudio in March 2012, in which Movilh played a crucial role in highlighting the need for stronger laws and harsher punishments regarding hate crimes.

He served as a councilor for the commune of Providencia from 2012 until his resignation in November 2020.

Diane Rodríguez

Diane is a human rights advocate and LGBTQ+ activist whose work focuses on advocating for the rights of the LGBTQ+ community. In 2017, she made history by becoming the first transgender alternate assembly member in the National Assembly of Ecuador. She has held leadership positions as the president of the Silueta X Association and the Ecuadorian Federation of LGBTI Organizations, both dedicated to defending the interests of the gay, lesbian, bisexual, transgender, and intersex communities.

Diane Rodríguez’s activism and legal battles have had a significant impact on the recognition and protection of transgender rights in Ecuador. Her tireless efforts continue to inspire and advocate for the rights and dignity of the LGBTQ+ community.

Erick Iván Ortíz

Erick is an activist from El Salvador who has emerged as one of the most prominent young progressive voices in his country and Central America. He serves as the President of the Youth Council at the United States Embassy in San Salvador and is an avid political commentator in the media.

Erick was formerly a member of the conservative political party, Alianza Republicana Nacionalista. However, he has notably publicly opposed the discriminatory policies of the party, ranging from initiatives that threaten LGBTQ+ rights to attempts to censor content that promotes the visibility of sexual diversity.

Pedro Julio Serrano

Pedro is one of the most visible Latin activists for LGBTQ+ rights on the international stage. Through his work with Puerto Rico Para Tod@s, which he founded in 2003, he has driven significant advancements in public policies for his native Caribbean American colony.

As a leader of Puerto Rico Para Tod@s, in 2014, Serrano joined forces with Lambda Legal in a federal lawsuit alongside same-sex couples to legalize marriage equality. Following the legalization of same-sex marriage in the United States in 2015, a federal court ruled in favor of Puerto Rico in the same year.

Pedro’s advocacy and leadership have made a significant impact on the fight for LGBTQ+ rights in Puerto Rico and have elevated the visibility and recognition of the struggles faced by the LGBTQ+ community, both locally and globally.

These are some of the few names who are actively fighting for community rights, but there are thousands of Latin LGBTQ+ activists who play a major role in reshaping attitudes, challenging discriminatory laws, and fostering inclusive societies. As we celebrate their contributions, it is crucial to recognize the ongoing struggles faced by LGBTQ+ individuals in Latin America and to continue supporting the efforts of activists who tirelessly advocate for a more equitable and accepting future.