Por Andrea Cruz | El Vocero

Más de 50 organizaciones civiles, feministas y políticas se unieron en un frente común para exigir un compromiso genuino de la clase política en mantener los derechos alcanzados por las comunidades Lgbtq+ en Puerto Rico.

El activista Pedro Julio Serrano alertó sobre variados asuntos que afectan a la comunidad Lgbtq+, y dijo, en conferencia de prensa, que exigirán al gobierno crear grupos de trabajo para establecer planes de acción que atiendan los crímenes, las fallas en el sistema y amenazas a la seguridad.

“Ante el avance de los derechos de las personas sexo-género diversas en Puerto Rico y el respeto hacia estas poblaciones que se afianza en el país, hay grupos fundamentalistas, religiosos y políticos que nos han declarado la guerra”, manifestó Serrano.

“Hoy nos convocamos para hacerle saber a nuestro pueblo que no vamos a dar ni un paso atrás y que nos levantamos en defensa de nuestra dignidad. Nuestros derechos no son negociables… Los defenderemos en todo momento y en todo lugar”, agregó Serrano.

Aunque reconoció que en la Legislatura no prosperaron proyectos que atentan contra los derechos de la comunidad Lgbtq+, el activista denunció que tampoco se han aprobado medidas que reconocerían derechos a los ciudadanos de la comunidad.

“El único proyecto de ley que en esta Asamblea Legislativa fue aprobado y se convirtió en ley fue el que tipifica como delito los feminicidios y transfeminicidios. Es el único que tiene un alcance hacia las comunidades Lgbtq+”, señaló Serrano.

El portavoz del grupo añadió que el grupo también está atento a la investigación independiente que realiza la Comisión de Derechos Civiles sobre querellas que han recibido por violaciones a los derechos humanos de la comunidad Lgbtq+ por parte de agencias gubernamentales, incluyendo el Negociado de la Policía, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Departamento de Salud, Administración de Seguros de Salud (ASES), Administración de Servicios Médicos (ASEM), el Departamento del Trabajo, el Departamento de Justicia y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

De acuerdo con la activista trans Ivana Fred Millán, nueve de las medidas presentadas en la Legislatura que atentan contra la comunidad trans fueron radicadas por la legisladora por Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos.

El grupo exigió, además, posicionamientos a favor de la equidad de todas las personas aspirando a puestos electivos en estas elecciones, por lo que también anunciaron que próximamente lanzarán una plataforma para orientar a los electores de la comunidad Lgbtq+ sobre cómo y por quiénes votar.

“Vamos a votar por aquellas personas que expresan abiertamente que apoyan los derechos humanos de todos nosotros. Así que, exigimos de la Legislatura que desistan de estar promulgando odio y desarrollando proyectos de ley que en una sociedad verdaderamente democrática debería estar protegiendo a las minorías en vez de estar atacándolas y restándole derechos”, explicó, por su parte, la portavoz Ángeles Acosta.

Entre los otros asuntos que los portavoces indicaron urge atender está el incremento de asesinatos de personas Lgbtq+ y la falta de acción de las autoridades para prevenirlos o esclarecerlos. También, el mal manejo de los protocolos para atender transfeminicidios y el uso incorrecto de pronombres para identificarles; la eliminación de cursos de sensibilidad para los profesionales de la salud; un incremento en la violencia hacia la niñez y adolescencia sexo-género diversa en los planteles escolares; la seguridad de vivienda y manejo de emergencias; y fallas en la reforma policiaca al estos continuar con entrampamientos de hombres gays y bisexuales.