Por Benjamin Torres Gotay | El Nuevo Día

Cabo Rojo – La comunidad LGBTQ+ teme un avance de las fuerzas conservadoras que quieren quitarle derechos adquiridos en las elecciones de noviembre tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos y se prepara para combatirlo, dijeron portavoces de la comunidad durante un foro celebrado este fin de semana en el poblado turístico de Boquerón, en este municipio.

Unos 40,000 activistas y miembros de la comunidad LGBTQ+ – según estimados de los organizadores – llegaron este fin de semana hasta este municipio para el Festival Orgullo Boquerón, que por 21 años se ha celebrado aquí, para encontrarse, forjar sentimiento de comunidad y celebrar, pero también para reflexionar sobre los desafíos que penden sobre una comunidad que está en la mirilla permanente de sectores conservadores y con poder político.

Las elecciones del 5 de noviembre aquí y en Estados Unidos, dijeron miembros de la comunidad durante el foro, entrañan el peligro de que avancen las fuerzas que tienen los derechos de las minorías sexuales y personas no binarias en el centro de su debate y urgieron a organizarse para combatirlo.

“En todo el mundo, incluyendo Puerto Rico, la extrema derecha religiosa está exhibiendo una fuerza tremenda y nosotros tenemos que estar alerta. Tenemos que despertar como colectivo y como comunidad”, dijo, durante el foro, Justin Jesús Santiago, un hombre transde 69 años que lleva décadas luchando para ser reconocido como tal.

En 1970, a los 15 años, Santiago asumió su identidad de género, lo cual llevó a su familia a someterlo a un tratamiento siquiátrico tipo terapia de conversión de tres años que le produjo heridas sicológicas y emocionales tan profundas que terminó alcohólico y tardó años en volver a vivir bajo la identidad de género con el que se ha identificado desde que nació.

“Tuve que asumir la identidad de una mujer lesbiana. No hay nada malo con ser una mujer lesbiana, pero no es lo que yo soy”, dijo Santiago, cuya identidad de género es la de un hombre heterosexual.

Santiago, y otros activistas, identificaron al partido conservador Proyecto Dignidad, a legisladores y políticos de los partidos Nuevo Progresista(PNP) yPopular Democrático (PPD) y, en Estados Unidos, a Donald Trump y su Partido Republicano, como las instituciones y figuras que, según dijeron, están ávidos de quitarle derechos, incluido el del matrimonio igualitario.

“En estas elecciones se nos va la vida”, dijo el activista Pedro Julio Serrano, director de desarrollo de la organización Waves Ahead, que organizó el foro.

Los activistas dijeron que la decisión delTribunal Supremo de Estados Unidosque determinó que no hay un derecho constitucional al aborto, y que dejó en los estados y territorios la facultad de legislar al respecto, lo que ha llevado a varios estados a virtualmente prohibir las interrupciones de embarazos, envalentonó a sectores conservadores que han hablado, incluso, de volver a prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En Puerto Rico, los activistas temen más legislación anti-trans, como la que ha propuesto, en más de una ocasión, la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos. También impulsan legislación contra distintos tipos de discrimen, sobre todo en vivienda, que afecta especialmente a adultos mayores, quienes, según Serrano, son discriminados en égidas, en las que, a menudo, tienen que ocultar su orientación sexual o su identidad de género para vivir.

Serrano recordó que hay una legislación contra el discrimen en vivienda, ya aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes, pero que el gobernador Pedro Pierluisi decidió no firmar hasta que se le agregue una exención para entidades religiosas, lo cual tiene detenida la medida, indicó Serrano.

También esperan cumplimiento con las disposiciones de la reforma de la Policía que obligaron a suspender la práctica de operativos en lugares de encuentros íntimos entre homosexuales adultos, los cuales se han estado produciendo a pesar de la prohibición, dijo Serrano.

Ever Padilla, director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles, quien participó en el foro, invitó a la comunidad a plantear querellas en la entidad que dirige cuando se sienta discriminada -cosa que no hace a menudo- y le urgió a que se informe sobre las posturas de los candidatos a todos los puestos en las elecciones, para no darle el voto a personas que no reconozcan las luchas de la comunidad LGBTQ+.

“Yo no voto por nadie que no me represente, ni por nadie que me niegue”, dijo Padilla.

“Aquí habemos 40,000 personas este fin de semana. 40,000 personas podemos sacar a alguien de Fortaleza”, agregó, por su parte, Serrano.

En el público estaba Ámbar Cofresí, una mujer trans de 60 años que ejemplifica algunos de los desafíos de día a día, y de año a año, de los miembros de esta comunidad.

Cofresí fue por años maestra de español a nivel superior en escuela pública (“fue difícil bregar con los estudiantes, pero pude lograr que me vieran como una persona que los ayudaba”, dijo), ofrece de manera voluntaria cursos para tomar el examen de equivalencia de cuarto año a desertores escolares y hace seis años labora como despachadora en la Oficina de Manejo de Emergencias del Municipio de Mayagüez.

Allí, dijo, es discriminada por un supervisor que insiste en llamarla por un nombre masculino que ya no usa.

“No me quiere reconocer mi identidad”, dijo la mujer, quien presentó una querella, por la que todavía espera respuesta, en la Oficina de Personal del ayuntamiento.