Proyecto sobre protecciones de vivienda para las personas mayores LGBTTQI+ pasa a la Cámara…

Por Javier Colón Dávila | El Nuevo Día

Los senadores populares Marially González y Ramón Ruiz Nieves defendieron su voto en contra de un proyecto que legisla protecciones a adultos mayores de la comunidad LGBTTQI+ residentes –o que aspiran a serlo- de hogares de cuidado prolongado bajo la premisa de que la pieza legislativa es ambigua, innecesaria e inconstitucional.

El Proyecto del Senado 427, de la senadora independentista María de Lourdes Santiago, fue aprobado en la sesión del miércoles con la oposición de ambos populares. Igualmente, con el disenso de Joanne Rodríguez Veve, Gregorio Matías, Migdalia Padilla, Keren Riquelme y Thomas Rivera Schatz. Mientras, se abstuvieron William Villafañe, Nitza Morán, Wanda Soto y Marissa Jiménez.

La pieza legislativa pasa ahora a la Cámara de Representantes, cuerpo conocido por su amplia visión conservadora.

González, vicepresidenta del Senado, argumentó que el lenguaje del proyecto es ambiguo “y podría caer en lo inconstitucional”.

“Tuve un largo diálogo con mis asesores y se determinó que no íbamos a votar a favor. Vamos a emitir un voto explicativo en contra”, sostuvo la legisladora de primer turno. Cuando se le preguntó si endosaba los planteamientos en sala de Rodríguez Veve, quien habló de una supuesta “dictadura del género”, la legisladora respondió que no.

“Rodríguez Veve tiene sus planteamientos muy radicales. Esta servidora cree en la inclusión, soy conciliadora en ese sentido. Esas posturas tan radicales, Marially González no las tiene, pero siempre he dicho que la equidad e igualdad no significan superioridad para ningún lado. Si queremos un mejor Puerto Rico tenemos que ser muy cuidadosos en eso”, indicó la senadora por Ponce.

Rodríguez Veve acusó a los favorecedores de la medida de imponer una “dictadura de género” y de forzar a estos establecimientos a actuar en contra de sus principios religiosos. Argumentó, además, que hay suficiente jurisprudencia y legislación federal que invalidaría la medida si fuera retada en los tribunales. Rivera Schatz, precisamente, fundamentó su voto en contra en que no se aceptó una enmienda propuesta por Rodríguez Veve para que se eximieran a las organizaciones de base de fe dueñas de estos hogares de cumplir con la propuesta ley.

“Este proyecto no pretende y no priva a nadie de sus ideas religiosas”, dijo el senador del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe durante la sesión al preguntarse si igualmente se presentaría una enmienda para permitir el discrimen por raza basado en las creencias religiosas de la persona que discrimina.

El argumento de la llamada “superioridad de derechos” también fue levantado en el debate por el senador penepé Gregorio Matías y refutado por Bernabe al señalar que cualquier dueño o manejador de un hogar donde se respeta la comunidad LGBTTQI+ no tiene por qué preocuparse por los efectos de la medida.

“¿Dónde hay un trato preferencial para alguien? En ningún sitio se habla de trato preferencial, se habla de trato igual, que no haya discriminación. Lo que pasa es que los que se oponen a los derechos de grupos discriminados, cuando estos grupos piden igualdad, entonces dicen que están pidiendo privilegios. Cuando el negro discriminado pedía igualdad, les decían que querían privilegios”, sostuvo Bernabe.

Ruiz Nieves, también senador por Ponce, argumentó que existen suficientes leyes que regulan las operaciones de los centros de envejecientes y que, comoquiera, estos locales tienen el derecho de imponer sus reglas de derecho de admisión.

“Es imponerles algo adicional cuando esto ya está establecido para esos centros”, dijo Ruiz Nieves. “Ya están establecidos los criterios de salubridad, seguridad, que tengan dietistas o nutricionistas, enfermeros… ¿por qué nos vamos a los extremos y añadir un requisito adicional a estos centros? Su razón de ser es la misericordia y sirven a estas personas, aun cuando no tienen recursos económicos. ¿Por qué legislar algo adicional?”, opinó.

“¿Le vas a imponer a un centro, una entidad privada, cuando tienen el derecho de admisión?”, insistió Ruiz Nieves. “El dueño del centro tiene el derecho de reservarse la admisión”, insistió para, acto seguido, teorizar que los centros administrados por iglesias “no van a discriminar”.

El activista Pedro Julio Serrano le salió al paso a ambos legisladores al señalar que tanto “Marially González como Ramón Ruiz nuevamente ignoran, a conveniencia, la plataforma del PPD que establece el erradicar el discrimen por orientación sexual e identidad de género. Son tan absurdos sus falsos argumentos a favor del discrimen que están a un paso de convertirse en miembros de la delegación del Proyecto Indignidad. Ya basta. Hagan valer la equidad que promete la Constitución que tanto alardean y dejen de excusar su homofobia”.

Ejemplifican por qué es necesaria la medida

Un estudio realizado por la organización Waves Ahead, que le ofrece servicios a adultos mayores de la comunidad LGBTTQI+, reflejó que existe una gran preocupación sobre las garantías a las que pueden aspirar miembros de estas comunidad en su búsqueda de vivienda accesible y libre de discrimen. De hecho, de la expresión mayoritaria en grupos focales y de los datos levantados en cuestionarios se desprende que prefieren centros de cuidado prolongado exclusivos de la comunidad LGBTTQI+ para no ser discriminados.

El informe cita un estudio realizado en el 2014 que reveló que el 48% de los adultos mayores en la comunidad LGBTTQI+ en Estados Unidos enfrentaron discrimen al momento de solicitar vivienda. Sus principales prioridades al buscar vivienda son: condiciones físicas del lugar, servicios de enfermería, que sea abierto a la comunidad LGBTTQI+, que ofrezca servicios de salud mental, que ofrezca consejería sobre nutrición, que tenga áreas recreativas y que tenga acceso a actividades sociales.

La senadora Santiago indicó, al defender la medida el miércoles, que se motivó a presentar el proyecto tras tener acceso al estudio de Waves Ahead y participar en conversatorios donde se tocó el tema del acceso a la vivienda de esta población.

Pedro Julio Serrano, activista de derechos humanos y quien trabaja con Waves Ahead, indicó que la organización opera actualmente dos centros donde se ofrecen servicios a la comunidad LGBTTQI+, uno en San Juan y otro en Cabo Rojo. Esperan abrir otro centro en Naguabo en octubre.

“Nos llegan muchas llamadas y visitas a nuestros centros y los comentarios de los adultos mayores es que los obligan a coger apartamentos separados cuando van a un complejo de vivienda”, dijo Serrano.

El proyecto original obligaba a los centros de envejecientes permitir que parejas LGBTTQI+ puedan compartir un cuarto si necesidad de ser un matrimonio. Ese lenguaje fue tachado con enmiendas y se consignó en el informe positivo que según el Departamento de la Familia, que favorece la medida, no existe una prohibición para que parejas LGBTTQI+ puedan compartir un cuarto sin la necesidad de ser matrimonio. No obstante, también se cita en el informe la Ley 121-2019, conocida como la Ley de la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores, que solo indica que si ambos cónyuges son residentes de la institución, “se les debe permitir” tener un dormitorio en común si las instalaciones lo permiten.

“Promovería la interpretación más cercana a eso”, dijo Santiago cuando se le preguntó si su intención es que el derecho de compartir cuarto se extienda a parejas no casadas.

“Sería discrimen comoquiera porque no todas las parejas están casadas”, afirmó Serrano.

El activista sostuvo que algunas personas LGBTTQI+ eligen ocultar su orientación sexual al momento de solicitar vivienda para evitar ser discriminados.

“Esto es una problemática en Puerto Rico y es importante que la Cámara apruebe el proyecto”, indicó Serrano.

La pieza legislativa ha sido asignada a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, dirigida por Ángel “Tito” Fourquet. Sin embargo, el propio representante indicó que todavía se está discutiendo la jurisdicción de la medida y anticipó que podría compartirla con otra comisión. En el Senado fue atendida por las comisiones de Asuntos Municipales y Vivienda y la de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez. Si se replicara la práctica en la Cámara, podría caer bajo la jurisdicción de la comisión de Bienestar Social, dirigida por Lisie Burgos, de Proyecto Dignidad.

Fourquet indicó que no ha tenido tiempo para leer la medida, pero aseguró que “aborrece” el discrimen.

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