Obligación constitucional…

Obligación constitucional

Pedro Julio Serrano
Activista de derechos humanos

El Nuevo Día
Columnas
10 de mayo de 2007

Puerto Rico es una democracia. Pero si los vaivenes políticos de unos pocos legisladores continúan, es muy posible que pronto tengamos una dictadura de la mayoría.

En nuestra isla existe una constitucional separación de Iglesia y Estado. Tanto así, que cuando los legisladores juramentaron sus cargos lo hicieron con la mano puesta en la Biblia, jurando defender la Constitución. No lo hicieron con la mano en la Constitución, jurando defender la Biblia.

En una democracia, como la nuestra, los legisladores tienen la obligación constitucional de velar por la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Eso incluye discutir y aprobar proyectos de ley que hagan valer esa igualdad, así como velar porque los derechos civiles y humanos se reconozcan, ya sea para una sola persona o para cuatro millones de personas, sin exclusión alguna.

De hecho, en su ejercicio diario, la Legislatura tiene que reconocer los derechos de las minorías, aún si ese reconocimiento fuera impopular, pues nuestra democracia está basada en la protección de aquellos grupos minoritarios del posible abuso de una mayoría. Más aún, nuestra Constitución reconoce la inviolabilidad de la dignidad de cada ser humano. Estas máximas de nuestra Carta Magna no pueden quedarse en mera teoría, se tienen que poner en práctica. Todos significa todos. La inviolabilidad no permite excepción.

Por lo que no tan sólo es inconstitucional, sino que ilegal e inmoral, que algunos legisladores hayan presentado un proyecto de ley para enmendar nuestra Carta Magna para negar el derecho básico y fundamental al matrimonio a las parejas del mismo sexo.

Cuando por fin se da una discusión seria y abierta sobre la falta de derechos iguales para las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgéneros, estos legisladores se enconan en su ignorancia y homofobia, pretendiendo mantenernos en una ciudadanía de segunda categoría.

En nuestra historia como pueblo nunca se ha enmendado la Constitución para discriminar y mucho menos para restringir derechos, sino para reconocerlos. La propuesta de estos legisladores es peligrosa porque podría provocar que en el futuro se utilice la Constitución para eliminar otros derechos protegidos, en especial a religiones, partidos políticos minoritarios, la prensa y otras minorías.

Nuestra Constitución les concede igualdad, justicia y libertad a todos los puertorriqueños, no solamente a la mayoría de los puertorriqueños.

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