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Ponencia de Pedro Julio Serrano a nombre de Puerto Rico Para Tod@s ante la Comisión de Gobierno del Senado sobre la Resolución Concurrente del Senado 99 (ahora Resolución Concurrente de la Cámara 107), que pretende enmendar la Constitución para negar la igualdad en el matrimonio a las parejas del mismo sexo

Buenos días a los honorables miembros de esta Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico. Soy Pedro Julio Serrano y comparezco a nombre de Puerto Rico Para Tod@s, organización que lucha por la inclusión de las comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero en nuestra Isla, así como abogamos por la justicia social para todos los seres humanos.

Parece mentira que un día como hoy, hace diez años, comenzara mi vida pública como activista de derechos humanos para deponer ante una comisión legislativa para combatir los mismos intentos de negar la igualdad en el matrimonio a las parejas gay y lésbicas. Parece mentira que un ciudadano particular tuviera que abandonar su cotidianidad para emprender una lucha por la igualdad porque aquellos llamados a legislarla prefieren perpetuar el discrimen y la desigualdad. Parece mentira que aún los oficiales electos de este país no entiendan su obligación legal y moral de instrumentar el mandato constitucional de igualdad para todos los ciudadanos. Parece mentira… pero es la triste realidad.

Estas vistas se citan con la justificación de que la familia está bajo ataque. Ese es el argumento que se presenta para intentar enmendar la Constitución para prohibir que futuras generaciones puedan reconocer a las parejas gays y lésbicas el derecho al matrimonio.

Al hecho de que la familia está bajo el ataque de las parejas heterosexuales que se divorcian, fornican, adulteran, usan píldoras, condones y otros anticonceptivos, practican sexo oral, recurren al sexo premarital y al extramarital y se niegan a casarse, algunos proponen como remedio que se prohíba que las parejas gay y lésbicas puedan casarse.

No basta que el matrimonio entre personas del mismo sexo ya esté prohibido por estatuto y no basta que no hay ni un solo proyecto de ley presentado para permitir la igualdad en el matrimonio para las parejas gay y lésbicas. No basta que el Tribunal Supremo claramente ha demostrado tendencias homofóbicas. No, no basta. Con el país en quiebra, ahora hay que gastar casi una decena de millones de dólares en un referendo para distraer al pueblo y complacer a un pequeño grupo de fanáticos intolerantes.

El remedio propuesto para evitar los divorcios rampantes es que las parejas gay y lésbicas no puedan casarse. Como si evitar el matrimonio de algunos evitará el divorcio de otros. ¡Qué manera de proteger a la familia! ¡Qué medida tan pertinente e innovadora!

Los proponentes de esta enmienda inconstitucional parecen esperar que con la prohibición absoluta del matrimonio a las parejas gay y lésbicas, los divorcios heterosexuales se reducirán. Sí, porque absurdamente piensan que la gente no valora la familia y su matrimonio porque hay la posibilidad de que en algún momento en el futuro las parejas gay y lésbicas se puedan casar. Y porque falsamente argumentan que mientras haya la posibilidad de que las parejas del mismo sexo tengan el derecho al matrimonio, eso significa que el matrimonio entre heterosexuales no vale nada. ¡Qué argumentos!

Sí, pero para penalizar a los heterosexuales por conductas que violan dogmas religiosos, para eso esta Asamblea Legislativa no se presta. Si los legisladores propulsores de esta enmienda fueran consecuentes consigo mismos y en verdad creyeran que una interpretación bíblica ambigua, estricta y anticuada es suficiente razón para legislar y da pie a negarle el derecho a las parejas gays y lésbicas a su igualdad ante la ley, entonces esta Asamblea Legislativa tendría que penalizar el divorcio, la fornicación, el sexo premarital, el sexo oral, el uso de anticonceptivos y otras conductas que violan los dogmas religiosos. Con penas de verdad, no con estatutos que todo el mundo sepa que nadie cumplirá. Queremos ver cuál entre los legisladores va a proponer que los divorciados, cuyos matrimonios no se anularon por la vía religiosa, no van a poder volver a casarse.

Y, de paso, por qué no se aprovecha y se penalizan la gula, la avaricia, la envidia, la mentira, la hipocresía, la profanación y otros pecados. Por qué no damos vuelta atrás y prohibimos el transplante de órganos, las vacunas, la investigación genética para propósitos médicos, la prolongación de la vida y el derecho a determinar la muerte propia, todos los cuales han sido incorporados por esta misma Asamblea Legislativa al ordenamiento jurídico de Puerto Rico, a pesar de la oposición inicial de algunos grupos religiosos. ¿La Asamblea Legislativa tiene la capacidad de interpretar lo que es ético y moral en Puerto Rico o no?

¿Donde está la lista de legisladores que presentarían las leyes que hemos mencionado para fortalecer la familia y la moral puertorriqueña? ¡Hipocresía, eso es lo que parece imperar en nuestro querido Puerto Rico!

También nos preguntamos, ¿dónde están los legisladores que enfrentarán a la Iglesia Católica y solicitarán que se investiguen los abusos sexuales contra los niños en Puerto Rico? ¿O es que como no hay votos por eso, entonces esas violaciones legales y morales no cuentan?

Siendo justos, hay que reconocer, no obstante, que las legisladoras y los legisladores puertorriqueños en el pasado han evitado sacrificar el progreso social en el altar del fanatismo religioso. Puerto Rico en su momento fue pionero en asuntos como los derechos civiles de las mujeres, de las minorías raciales y de las personas con impedimentos. También fuimos precursores en prohibir el discrimen por razón de nacimiento y lo que éste implicaba para los niños nacidos fuera del matrimonio. Sólo esperemos que nuevamente en el futuro Puerto Rico se pueda distinguir por ser una sociedad de avanzada y no otro reducto retrógrado y reaccionario.

Bueno, dejemos a un lado la cuestión lógica y un poco la retórica. Es indispensable que continuemos examinando con candidez los argumentos religiosos, morales, éticos, históricos, políticos, legales y constitucionales envueltos en esta cuestión. Antes, nos gustaría, sin embargo, recordarles que el debate al que se enfrenta esta Legislatura ya no responde a la pregunta sobre si la homosexualidad debe ser legal y aceptada en Puerto Rico.  Esa pregunta ya se contestó cuando en el Código Penal se descriminalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo.

La despenalización de la sodomía constituyó un reconocimiento explícito de un hecho innegable:  la homosexualidad no es una enfermedad ni una patología (de hecho, la Asociación Americana de Psiquiatría removió la homosexualidad de la lista de trastornos mentales hace más de tres décadas, específicamente el 15 de diciembre de 1973). La homosexualidad tampoco es una fase transitoria, ni una decisión, ni un capricho personal. Nadie escogería ser lesbiana, gay, bisexual o transgénero sólo para ser discriminado. Dicho reconocimiento tiene que venir acompañado, entonces, de otras medidas que permitan a los miembros de las comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero progresar y cohabitar en la sociedad como cualesquiera otros seres humanos y en igualdad de condiciones, sin que a su vez se desvalorice la diversidad y la diferencia.

El debate al que se enfrentan ahora los legisladores y los puertorriqueños en general, es si a las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgéneros se les permitirá tener una vida en pareja estable o si la sociedad prefiere mantener a las parejas del mismo sexo y a sus hijos en la precariedad legal y la clandestinidad.

En otras palabras, la pregunta no es ya si se permitirán las relaciones entre personas del mismo sexo, sino qué tipo de relaciones entre parejas gay y lésbicas la sociedad prefiere. Se fomentarán las relaciones estables, tal y como se hace en relación a las parejas heterosexuales, o se mantendrá un silencio nocivo a los mejores intereses de la sociedad. Al contestar esta pregunta, los legisladores deben recordar no sólo los derechos constitucionales de las lesbianas y los gays, sino si hay algún bien social, algún interés apremiante que se adelante o asegure con negarle la estabilidad a las parejas del mismo sexo. Hace más de dos años se despenalizaron las parejas gays y lésbicas. Los augurios de crisis social con los que amenazaban algunas iglesias no se han materializado. Los derechos de los heterosexuales no se han visto afectados.
¿Cómo se afectarán entonces los derechos de los heterosexuales con la concesión de un marco de igualdad a las parejas gays y lésbicas? La obvia respuesta a esta interrogante es que no habrá cambio alguno que no sea positivo. Todo lo contrario, conduciría a una convivencia social plena.

El reconocimiento de derechos a las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgéneros no significa retrocesos ni violación de los derechos de la mayoría heterosexual. Lo que sí significa es que Puerto Rico es una sociedad madura que está dispuesta a aceptar la pluralidad que siempre la ha caracterizado. Una sociedad que no permite que los prejuicios sirvan de base para la discriminación sin fundamentos. Una sociedad tan de avanzada como los mejores países del mundo, incluyendo los estados más progresistas de los Estados Unidos.

¿O es que los legisladores nuestros piensan que Puerto Rico debe quedarse nuevamente a la retaguardia y el oscurantismo en relación a los derechos civiles?

Muchas veces, quienes se oponen a la inclusión y a la erradicación del discrimen no defienden nada, sino que operan por pura demagogia para cubrir con un velo sus prejuicios. Serían, en todo caso, mucho más honestos si afirmaran que simplemente son homofóbicos, que creen y defienden el discrimen contra esta población, y que por lo tanto ello debe reflejarse en nuestro ordenamiento jurídico.

En síntesis, las posibles manipulaciones de unos sectores del electorado por un liderato con dudosas intenciones no deben ser lo que guíe a los legisladores y legisladoras al considerar estatutos que afectan los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Aunque la oposición principal contra el reconocimiento de los derechos constitucionales y civiles de las parejas gays y lésbicas proviene de intolerancia dogmática, es sólo justo reconocer que esto también ha cambiado. Algunas doctrinas religiosas, tanto milenarias como modernas, han recapacitado y dejado de condenar la homosexualidad. Es valioso hacer este señalamiento para poder desmantelar la propia lógica interna de la intolerancia fundamentalista de algunos grupos en Puerto Rico. La actitud y prédica del pensamiento Protestante y Judío llaman a la tolerancia hacia la homosexualidad y reconocen la diversidad y el pluralismo como realidades a las que sus doctrinas deben adaptarse [Sylvia A. Law, Homosexuality and the Social Meaning of Gender, 1988 Wis. L. Rev. 187 (1988)].

Los que se oponen a la igualdad para las parejas gay y lésbicas lo hacen aludiendo a la tradición bíblica. Pero dependiendo del libro de la Biblia que uno lea, el estándar bíblico sobre el matrimonio acepta la poligamia, prohíbe el divorcio, permite la maternidad subrogada, prohíbe las uniones interreligiosas, valora a la mujer como propiedad y penaliza al adulterio con la muerte. Si se aceptara un concepto bíblico ambiguo como razón para negarle el derecho a las parejas gay y lésbicas su igualdad ante la ley, esta Asamblea Legislativa tendría que penalizar el divorcio, la fornicación, el adulterio, el sexo premarital, el sexo oral, el uso de anticonceptivos y otras conductas que violan los dogmas religiosos. En otras palabras, volver a la época de la Inquisición.

Resulta irónico que a una pareja comprometida que se ama se le niegue la igualdad basándose en argumentos bíblicos, pero se ignoran convenientemente las demás implicaciones bíblicas del matrimonio. Sin embargo, la Biblia hace un llamado supremo al amor, a la integridad y a la justicia en todas las relaciones, precisamente lo que hacemos las parejas gay y lésbicas, amarnos contra toda adversidad. Aún con el rechazo de algunos sectores de la sociedad, aún con la falta de derechos iguales, aún con la discriminación que nos acosa, las parejas gay y lésbicas seguimos amándonos, formando familia y aportando a la sociedad.

Interesamente, ya existen innumerables iglesias en las denominaciones Episcopal, Metodista, Menonita, Anglicana, Luterana, Presbisteriana, Bautista, Universalista Unitaria, Comunitaria Metropolitana y Católica Eucarística, que bendicen uniones de parejas gay y lésbicas. Y si bien el Estado no puede obligar a otras iglesias a hacer algo que vaya en contra de sus dogmas, tampoco puede ninguna iglesia particular pretender obligar al Estado a ir en contra de la igualdad ante la ley de todos los seres humanos.

Empecemos, ahora entonces y de una vez, por el verdadero meollo del asunto, el aspecto religioso.  ¿Es el llamado más importante de la Biblia el llamado a la discriminación? ¿Es el problema moral más importante tratado por Jesucristo la homosexualidad? ¿La Biblia se tiene que interpretar a la luz de los ojos de las circunstancias y problemas particulares de los judíos de hace más de dos milenios?

¿Los elementos cristianos que adopta el Estado de la Biblia son los de tolerancia y progreso moral, los que llevan a la extensión de los derechos a la mayor cantidad posible de seres humanos? ¿O es que nuestras leyes reflejan las prohibiciones que supuestamente están claramente en la doctrina interpretada por algunos falsos moralistas? ¿Acaso no reconoce el dogma cristiano la doctrina de que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? ¿No reconocen las iglesias modernas la separación de Iglesia y Estado? Lo que está solicitando hoy algún grupo fundamentalista atenta contra nuestro estado de derecho y contra nuestro esquema constitucional, contra nuestra libertad y contra la indispensable separación de Iglesia y Estado. Si se permite que un grupo fundamentalista se imponga en este asunto hoy, ¿qué impide que otro grupo no intente imponer sus dogmas en torno a otros asuntos a los demás grupos mañana?

Al atentar contra la separación de Iglesia y Estado, los grupos fundamentalistas atentan contra sí mismos, contra su propia autonomía y libertad de culto. La separación de Iglesia y Estado es un necesario complemento de la libertad de culto. La libertad de culto no es más que una manifestación del derecho a la personalidad, a la libertad y a la autonomía personal: es decir a la conciencia y a la intimidad. Siendo ésta la Legislatura, lo anterior no debería ser más que llover sobre mojado. Sin embargo, los recordatorios parecen no estar de más.

Señores legisladores, señoras legisladoras, legislen sin miedo. No teman costo político alguno por cumplir su mandato constitucional de hacer valer la igualdad de todos los ciudadanos. Nuestro pueblo a largo plazo no les agradecerá su falta de entereza en estos momentos difíciles. Muestra de ésto es que candidatos que fueron respaldados por sectores fundamentalistas han sido en el pasado derrotados en las urnas, mientras otros que fueron rechazados por los mismos grupos, han estado y siguen entre ustedes.

La moral (es decir lo que se considera apropiado en una sociedad dada en una época específica) no se basa en preceptos religiosos, ni los preceptos religiosos se deben basar en la moral sino en la ética. Una moral basada en la ética no será sectaria. Una moral así, se basará en la dignidad del ser humano.

Muchos de los que hablan de moral, hablan sin definir su significado, como si todas sus interpretaciones de la Biblia fueran la moral destilada. Sin embargo, para la inmensa mayoría de los puertorriqueños y de los seres humanos, la discriminación es inmoral. Atentar contra el derecho a la igualdad de los seres humanos es inmoral. Por el contrario, respetar la diversidad es moral. Hacer valer la dignidad de todas las personas es moral. El amar a otra persona es moral. Decidir compartir la vida junto a ese ser amado es uno de los actos más nobles y morales que existen para los puertorriqueños y para todos los seres humanos en todas las culturas y en todos los tiempos, ya sean gays o heterosexuales.

Y el matrimonio es una institución que se trata fundamentalmente sobre el amor, no sobre otras consideraciones, al menos ya no. Ya el matrimonio en Puerto Rico no es sobre la protección de la propiedad ni sobre la simple procreación. Nuestras leyes han evolucionado y reflejan los nuevos valores sociales. Y en el Puerto Rico de hoy, social y legalmente, el matrimonio es sobre el amor.

Consideren lo siguiente al evaluar si el matrimonio no es sino una forma de protección del amor, una manera de viabilizar los cuidados mutuos y el compromiso entre dos personas, con independencia de la capacidad procreativa: el matrimonio se permite entre personas sin capacidad o interés reproductivo, incluyendo entre estériles/infértiles y entre personas operadas (estirilización voluntaria).

Por otra parte, consideren también que la orientación sexual no determina la capacidad reproductiva. Todos conocemos de personas gay, lesbianas, bisexuales y transgéneros con hijos. Esto ocurre por tres razones: por relaciones heterosexuales previas; por el empleo de métodos de reproducción asistida; por la adopción, la tutela, la guarda y la crianza de facto.

¿Por qué la Legislatura va a penalizar a los hijos de las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgéneros? ¿Es que vamos a regresar a los tiempos en los cuales en Puerto Rico se penalizaba a los mal llamados “frutos del pecado”, tal y como se hacía con los niños nacidos fuera del matrimonio prácticamente hasta los años sesenta? ¿Dónde están la compasión y los valores familiares cuando se trata de los hijos de las parejas gays y lésbicas? ¿Qué argumento puede esgrimir el Estado para negar los derechos de herencia, de seguridad familiar, de seguros, de vida y de salud, de seguro social y de pensión alimentaria, entre otros, a estos menores?

¿O es que en Puerto Rico de ahora en adelante solamente va a ser “familia” la familia nuclear, la cual nunca, nunca, ha sido tradicional en Puerto Rico? No nos acordamos de que en Puerto Rico siempre ha imperado la familia extendida, que siempre han estado los padres de crianza, que el matrimonio sólo se puso de moda con la prosperidad, que las relaciones extramaritales eran incluso más comunes que ahora, pues la mujer no podía quejarse. ¿De qué tradiciones míticas se habla, si esta es nuestra verdadera historia como pueblo!

¿O es que las familias divorciadas, las casadas en segundas nupcias y las no casadas, las cuales en su conjunto son la mayoría absoluta en nuestro país, ya no merecen ser consideradas como familias morales? ¿Y esos líderes religiosos divorciados y esos legisladores divorciados, tienen moral para hablar de moral?

Aparte de lo que pueda considerarse moral o no en una sociedad, están los argumentos supuestamente bíblicos. Examinémoslos en detalle y con una mente abierta, pues no creo que haya persona que no reconozca que la Biblia es uno de los documentos más influyentes que existan y que las enseñanzas de Jesucristo son insuperables desde un punto de vista ético.

Para los verdaderos cristianos, la Biblia es la máxima representación de la justicia, más aún que cualquier ley o constitución. Sin embargo, a través de estos dos milenios, periódicamente han surgido grupos que pretenden usar la Biblia como instrumento de odio. La Biblia de Jesucristo es el reconocimiento y la garantía más clara de dignidad igual para todos los seres humanos. Eso es innegable.

Muchos seudocristianos (principalmente hombres en posiciones que les permiten acumular prestigio y riquezas y por lo tanto acostumbrados al status quo),  sin embargo, ven en la Biblia un instrumento para garantizar los privilegios de unos pocos.

A través de la historia hemos visto a la Biblia como justificación para la esclavitud, el colonialismo, la subordinación de las mujeres, los abusos contra los niños, la negación de los derechos de los trabajadores, la violación de los pueblos indígenas, la persecución de los judíos, la intolerancia religiosa, la inquisición y otras verdaderas barbaridades.

Con el argumento de que el cambio social es “contra natura”, se ha pretendido excluir a los negros, a las mujeres, a las minorías étnicas y a los pobres de la plena ciudadanía.

Con el argumento de que los pobres atentarían contra los derechos de propiedad de los ricos, los cuales se derivaban de su trabajo y, por lo tanto, eran un esfuerzo cónsono con los mandatos bíblicos, se privó a los pobres del derecho al voto en Estados Unidos, en Puerto Rico y en gran parte del mundo. Con argumentos escudados en interpretaciones bíblicas y en darwinismo social, se niega a los pobres la ayuda del Estado en muchas sociedades. Pues la Biblia supuestamente llamaría al trabajo y al sacrificio y, por lo tanto, la pobreza es natural a los vagos.

Siendo así, se ignoran convenientemente los llamados expresos de Jesucristo de amor al prójimo y de caridad para con los pobres. ¡Ah, pero el diezmo, esa obligación moral inventada por muchas iglesias cristianas, eso sí es sagrado, esa obligación sí es ineludible! Qué triste cómo se han invertido las prioridades en muchas iglesias cristianas, incluyendo en la Iglesia Católica.

Con el argumento de que los negros eran inferiores por naturaleza y que la Biblia contempla la esclavitud, se mantuvo a las personas negras por siglos en situaciones de completa subordinación. Luego, ni siquiera la Guerra Civil de Estados Unidos logró la completa emancipación e igualdad. También usando argumentos religiosos y de naturaleza, se entronizó el discrimen contra los ahora ya ciudadanos. De aquí surge la infame doctrina de “iguales, pero separados”, la cual tanto tiempo adicional tomó para al fin ser descartada. Los legisladores de hoy día tienen la obligación de recordar como algunos de sus antecesores llevaron el odio y el desdén contra los negros al punto de prohibir los matrimonios entre blancos y negros. Todo en nombre de la naturaleza, de la moral y de la voluntad de la mayoría.

En este momento, nos gustaría citar las palabras proféticas del Reverendo Martin Luther King, Jr., cuando nos exhortó a seguir amando a aquellos que se oponen a nuestra libertad e igualdad: “A nuestros más acérrimos oponentes, les decimos: ‘Equipararemos su capacidad de infligir sufrimiento con nuestra capacidad de sobreponernos al sufrimiento. Equipararemos su fuerza física con nuestra fuerza moral. Los amaremos, pero no podemos, en justa conciencia, obedecer sus leyes injustas porque la no cooperación con la maldad es una obligación moral tan grande como la es cooperar con el bien. Pero tengan la seguridad de que los cansaremos con nuestra capacidad de sobreponernos al sufrimiento. Un día ganaremos nuestra libertad, pero no sólo para nosotros. Apelaremos a sus corazones y a sus conciencias hasta ganarnos a cada uno de ustedes en el proceso y nuestra victoria, entonces, será una doble victoria’”.

A pesar de la manifiesta falta de conciencia de los que todavía quieren usar el discrimen como arma de odio. Todavía les respetamos como seres humanos. Pero es necesario recordarles todas las injusticias y abusos que se han cometido con exactamente el mismo tipo de argumentos que hoy se esbozan en contra de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros en nuestra Isla.

Deben ser concientes los legisladores como también con argumentos bíblicos se sometió a los indios americanos a reservaciones, quitándoles sus tierras y subordinándolos a un status social degradado. Igual ocurrió con los pueblos indígenas de todo el mundo, cuando las diferentes iglesias cristianas, en especial la Católica, en su afán evangelizador (léase civilizador, léase transculturador y colonialista), suprimieron las manifestaciones culturales y los derechos sociales históricos de cientos de etnias.

Las mismas iglesias cristianas que estuvieron por siglos luchando entre si en Europa. Las mismas iglesias que llevaron las Cruzadas a Medio Oriente. Las mismas iglesias que se inventaron la horrenda Inquisición. Las iglesias cuya persecución contra otros cristianos llevo al cisma entre Católicos y Ortodoxos, entre Católicos y Protestantes, entre Protestantes y Protestantes y así sucesivamente.

Las iglesias cuya intolerancia provocaron que los Puritanos huyeran de Inglaterra buscando la libertad religiosa, provocando la fundación de los Estados Unidos. Los legisladores puertorriqueños, en especial aquellos que juran fidelidad a la ciudadanía americana y a los valores que representa, deben recordar que Estados Unidos se fundó para garantizar la libertad de culto. Y que la libertad de culto se estableció principalmente para evitar que unas iglesias intentaran imponer su interpretación de la Biblia sobre otras iglesias y sobre la población secular. A esto regresaremos luego.

La interpretación bíblica es un asunto muy grave y muy complejo, que, como hemos visto, ha llevado a algunas de las peores injusticias que ha cometido la humanidad. Sin lugar a dudas, Jesucristo se avergonzaría de algunas de las interpretaciones que históricamente se han dado a sus enseñanzas. Tal y como nos avergonzamos nosotros hoy en día de la esclavitud, de la Inquisición y de pasados discrímenes.

Si mayorías como los católicos (sí los católicos, que por décadas y décadas fueron vistos con desprecio en Estados Unidos y vedados de acceso a cargos públicos) y las mujeres han podido ser discriminadas, ciertamente minorías como las raciales, las étnicas, las religiosas y las sexuales son también fácil objetivo para el maltrato y la subordinación.

No podemos entender, así, como, por ejemplo, existen legisladoras que pueden ser propulsoras o pueden permanecer calladas ante el discrimen.

No se acuerdan las compañeras, como se argumentaba que el único lugar de las mujeres era el hogar, como las iglesias cristianas consideraban inmoral las actividades de las mujeres que no fueran domésticas. No se acuerdan que la Iglesia considerada que el lugar de la mujer era descalza, en la casa y preñada. No se acuerdan como los líderes seudocristianos se opusieron a la concesión del derecho al voto a las mujeres. No saben las mujeres que esos líderes lograron derrotar, apenas hace unos años, la enmienda constitucional en Estados Unidos para declarar que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres (la fallida “Equal Rights Amendment”).

Todos y cada uno de los derechos de las mujeres, el derecho al voto, el derecho a trabajar, a tener los mismos derechos sobre los hijos, en el matrimonio y en el divorcio, todos dichos derechos de las mujeres fueron combatidos en su momento por iglesias cristianas, incluyendo vergonzosamente, en las más ocasiones, la Iglesia Católica. Todavía hoy en día, hay líderes seudocristianos que se oponen a que la mujer sea en parte heredera de su esposo.

Mientras algunas iglesias cristianas combatieron con toda su fuerza los derechos de las mujeres, defendiendo su status como propiedad del padre y del esposo y negando que las mujeres tuvieran suficiente raciocinio como para participar en la política, trabajar fuera del hogar o participar en la coadministración de la familia, otras iglesias, las que históricamente han sido progresistas, les defendieron.

Esas iglesias progresistas son las que defienden hoy los derechos de las minorías sexuales. Las líneas de batalla están trazadas y las alianzas de siempre se han formado. Por un lado están los que defienden ciegamente el status quo y el discrimen y por el otro están los que reconocen que la sociedad puede progresar y que lo más importante en la Biblia es el amor y la tolerancia, no el odio y la defensa de costumbres, costumbres que, al final, solamente reflejan la tradición y las posiciones de privilegio de los diferentes grupos sociales de cada momento histórico.

En Occidente, con el cristianismo, hemos logrado prevalecer y superarnos porque la sociedad ha sabido armonizar el progreso científico, social y moral con las interpretaciones religiosas. Los privilegios ya inválidos codificados en algunas partes del Viejo Testamento y en algunas interpretaciones acomodaticias de la Biblia han tenido que ceder ante nuestras nociones de justicia social. Nociones que cada vez se acercan más a los llamados que nos hiciera Jesucristo. Los verdaderos cristianos saben que los pasajes de la Biblia no siempre se pueden interpretar literalmente.

En Occidente nos inventamos la separación de Iglesia y Estado para evitar matarnos por la diversidad de interpretaciones de la Biblia, no por ninguna otra razón. La libertad de culto no es la libertad de cada iglesia de intentar imponerse sobre las demás. La libertad de culto también implica aceptar que hay unos derechos inherentes al ser humano que hay que respetar, con independencia de cualquier interpretación bíblica. Y en Occidente, entre dichos derechos humanos se encuentra el derecho de amar.

Como un ejercicio, los quiero invitar ahora a que se pongan en el papel de las personas (en realidad los hombres blancos y ricos) que redactaron la Constitución de los Estados Unidos. Esos señores, a pesar de ser eminencias en sus campos y a pesar de su intención de adelantar y proteger los derechos civiles, pusieron en la Constitución claúsulas para proteger los derechos de los estados esclavistas y claúsulas para reducir el peso político de los negros e indios.

Nadie, hoy en día, en Estados Unidos ni en el mundo, podría identificar falla más grave en la Constitución federal. Esa falla provocó la única Guerra Civil que ha conocido Estados Unidos. Esa falla mancilló la Constitución federal por décadas. Esa falla deshumanizó no sólo a los negros e indios, sino que también redujo la humanidad de los “padres fundadores”.

Hoy ustedes se encuentran en una situación muy pero que muy similar. ¿Salimos del paso de este asunto y en el camino complacemos a algunos seudoreligiosos que están usando la homosexualidad para politiquear? ¿O demostramos que tenemos la fuerza moral de rechazar medidas fáciles y populistas?

¿De qué lado de la historia quieren quedar cada uno de ustedes?

¿Quieren estar en las listas de aquellos que favorecieron la abolición de un discrimen o en las larguísimas listas de los que no tuvieron la valentía de decir “con los derechos ajenos no se politiquea”? Sí, porque esto se reduce a una cuestión del peor tipo posible de politiquería.

En el 2004, el Presidente Bush quería asegurarse una victoria fácil en las elecciones presidenciales y congresionales. Su asesor político Karl Rove se inventó una estrategia para convocar referendos sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en la mayor cantidad posible de estados. Lo demás es historia. Lo que no es historia todavía es que aquí, como muchas veces sucede, las cosas llegan tarde. Las filiales locales de algunos grupos extremistas de Estados Unidos han traído tarde el concepto del referendo para constitucionalizar el discrimen en contra de las parejas gays y lésbicas. Lo que todavía no es completamente historia es que un legislador inescrupuloso ha pretendido usar este asunto como medio para darse publicidad, aún cuando eso implique humillar a miembros de su propia familia, incluyéndome. Nos preguntamos, ¿cuántos de este tipo de legisladores hay?

¿Cuántos legisladores ponen la politiquería por encima de los derechos humanos? ¿Cuántos legisladores están dispuestos a negar derechos a sus familiares con tal de sacar un poco más de votos en las primarias y en las elecciones del año próximo? ¿O es que los legisladores piensan que las suyas son las únicas familias en Puerto Rico en las cuales no hay personas lesbianas, gay, bisexuales y transgéneros? Abran sus ojos señores legisladores y señoras legisladoras.

Esta propuesta enmienda es una violación a la obligación legislativa de instrumentar el mandato constitucional de igualdad y es un atentado en contra de la dignidad de los seres humanos. En nuestra historia como pueblo nunca se ha enmendado la Constitución para discriminar y mucho menos para restringir derechos, sino para reconocerlos.

Esta propuesta enmienda es peligrosa porque podría provocar que en el futuro se utilice la Constitución para eliminar otros derechos protegidos, en especial a religiones, partidos políticos minoritarios, la prensa y otras minorías. Recuerden, señores legisladores, la Constitución de Puerto Rico le concede igualdad, justicia y libertad a todos los puertorriqueños, no solamente a la mayoría de los puertorriqueños.

Nosotros somos parte de esta tierra. Somos sus hijos, sus hermanos, sus primos. Somos sus tíos, sus vecinos.  Somos los padres de niños que están en su condominio o urbanización. Somos sus colegas, sus ayudantes, sus avanzadas de campaña, sus funcionarios de colegio, sus contribuyentes de campaña, sus constituyentes, y sus amigos.

Somos parte de ustedes, reconózcanlo o no. Merecemos los mismos derechos y protecciones. Somos, quiéranlo algunos o no, familia. Puesto en términos sencillos y humanos, esta Asamblea Legislativa tiene la obligación de sacar de su urna a la Constitución y hacerla viva, tiene que legislar para garantizar la igualdad ante la ley de las parejas gay y lésbicas, no sacarla para mancillarla con una enmienda tan ofensiva, la primera vez que en Puerto Rico se perpetuaría el discrimen.

Al votar por esta enmienda constitucional en Comisión y en Pleno, no pretenda ningún legislador o legisladora rehuir de su responsabilidad moral. La Constitución no estableció a la Legislatura como filtro de las propuestas de enmiendas constitucionales por capricho. Los miembros de la Convención Constituyente expresamente excluyeron la posibilidad de que el pueblo directamente pudiese proponer enmiendas constitucionales, pues sabían que la tentación de las mayorías de atentar contra las minorías es muy grande. Por algo la Constitución requiere las dos terceras partes de cada Cámara para proponer enmiendas.

Y no pretenda tampoco ningún legislador o legisladora escudarse detrás de la inmoral excusa de que solamente votará a favor de la enmienda para que el pueblo pueda decidir por ella. Intentar poner los derechos de una minoría al voto popular es una afrenta a la democracia. Los derechos humanos, básicos, fundamentales en una democracia nunca pueden estar sujetos a los caprichos y prejuicios de una mayoría. Nuestra democracia está hecha para proteger a las minorías del posible abuso de la mayoría.  Da vergüenza que algunos legisladores no entiendan este concepto básico de nuestra democracia y por oportunismos políticos atenten contra la seguridad, el bienestar y la salud de miles de familias puertorriqueñas lideradas por parejas del mismo sexo.

Los legisladores que se tomaron en serio su juramento al cargo tienen la obligación de votar realmente conformes a su conciencia. Nadie puede rehuir sus responsabilidades personales e indelegables. Señores legisladores, señoras legisladoras, les reiteramos que cuando ustedes juramentaron su posición lo hicieron con la mano puesta en la Biblia, jurando defender la Constitución. No lo hicieron con la mano en la Constitución, jurando defender la Biblia.

Tampoco se piense que el que una decisión mal tomada por muchas personas la hace buena. Cuando se pone a todo un pueblo a decidir una cuestión con el endoso favorable de las autoridades deben estar bien claras dichas autoridades en las posibles consecuencias de sus actos.

Aunque creamos en la democracia, hay que recordar que nuestra Constitución claramente establece su propósito de proteger igualmente los derechos de las minorías,   y citamos:  “Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos políticamente sobre una base plenamente democrática, promover el bienestar general y asegurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos…”.

Una mala decisión tomada por una sola persona es mala, pero una mala decisión ratificada por todo un pueblo es peor. En cuanto a este aspecto, los quisiera dejar con un recordatorio bíblico:  a Jesucristo lo condenó todo un pueblo, por mayoría.

Para finalizar, vamos a recordar el supuesto propósito de estas vistas. Según sus propulsores, esta enmienda tiene como fin proteger a la familia. Nos preguntamos, ¿desde cuándo las familias se protegen atacando a sus miembros más vulnerables?

Es una obligación del Estado erradicar todo tipo de discrimen. No perpetuemos esta injusticia impensable, esta desigualdad contra las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgéneros, olvidándonos convenientemente de la célebre frase de don Eugenio María de Hostos, “siendo iguales los deberes, son iguales los derechos”. Nosotros ya pagamos contribuciones y tenemos todos los deberes, por lo que es injusto, inconstitucional e inmoral que se nos nieguen los mismos derechos iguales.

En una democracia, los legisladores tienen la obligación constitucional de velar por la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Eso incluye discutir y aprobar proyectos de ley que hagan valer esa igualdad, así como velar que los derechos civiles y humanos se reconozcan, ya sea para una sola persona o para cuatro millones de personas, sin exclusión alguna. Del mismo modo, nuestra Constitución reconoce la inviolabilidad de la dignidad de cada ser humano. Estas máximas de nuestra Carta Magna no pueden quedarse en mera teoría, se tienen que poner en práctica. Todos significa todos. La inviolabilidad no permite excepción.

Esta Asamblea Legislativa tiene la oportunidad de crecerse ante los tiempos, de hacer historia y convertirse en custodio de nuestros más altos valores de igualdad y de justicia. Esta Asamblea Legislativa tiene la oportunidad de demostrar que Puerto Rico no puede ser sólo para algunos, sino que Puerto Rico tiene que ser para todos y todas.

Señores legisladores, señoras legisladoras, reiteramos que tenemos esperanza en que ustedes harán lo justo porque sabemos que a fin de cuentas, la justicia siempre prevalece. Es un hecho inevitable que al final del camino, Puerto Rico será para todos y todas.  La igualdad es un hecho inevitable.


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