Pedro Julio Serrano

Por Joel Ortiz | El Nuevo Día

El activista por los derechos humanos y de la comunidad gay, Pedro Julio Serrano, se manifestó indignado y reclamó ayer a las autoridades que se investigue el ángulo de crimen de odio en el caso de un hombre gay de 52 años que recibió una golpiza de seis individuos de Cupey el pasado sábado al amanecer en una playa de Ocean Park.

En ese suceso, Hiram Ortiz Martínez sufrió golpes en el rostro que le dejaron inconsciente, le afectaron la memoria y lo mantenían encamado luego de que intercambiara improperios con el grupo, que se burló de Ortiz Martínez y de su acompañante por ser homosexuales.

Serrano describió como “una epidemia” el patrón de ataques y crímenes en contra de la comunidad gay en la Isla que, según dijo, ya cuenta con 10 asesinatos y tres golpizas en los 10 meses que van del año.

Además, condenó el silencio “cómplice y bochornoso” que dijo que mantiene el Gobierno de Puerto Rico en cuanto a estos crímenes, que requieren, a su parecer, de una respuesta “contundente e inequívoca”.

“Éste es un ataque no tan sólo en contra de una víctima. Este ataque envía una señal a la comunidad gay de que en Puerto Rico hay una cacería abierta en contra de nosotros”, dijo Serrano, “y aunque agradecemos que la Policía haya arrestado a unos sospechosos y que hubo testigos, la realidad es que tardó una semana en reportarse”.

Expresó además que “el hecho de que se haya tardado una semana te dice que hay un problema. Las autoridades no están tomando como peligroso, amenazante y preocupante este tipo de ataques”.

Serrano dijo que el Gobernador, el Superintendente de la Policía y el Secretario de Justicia deberían expresarse de inmediato para condenar el brutal ataque y garantizarle al pueblo que se investigará como un crimen de odio.

En este caso, revelado el viernes, una fiscal federal y un abogado sirvieron de testigos para que cuatro de los seis agresores fueran arrestados no muy lejos de su víctima y luego encarcelados al no prestar una fianza de $80,000 que les impuso el juez Ricardo Marrero Guerrero.